La prostitución tomará nuevamente relevancia en los debates parlamentarios tanto en el Congreso nacional como en la Legislatura de la Ciudad a raíz de la presentación de proyectos que tienen a esta actividad como eje. Los servicios sexuales como actividad lucrativa legal y el comercio sexual en el marco del delito de trata de personas son dos posturas que se enfrentarán en ambos parlamentos.
Impulsado por el senador Aníbal Fernández ingresó días atrás en el Congreso un proyecto que busca penalizar al cliente de servicios sexuales “de una persona sabiendo o debiendo saber que es una víctima de trata”. La iniciativa propone una pena de uno a tres años para el que utilice servicios sexuales en el marco de la trata, y de cinco a diez años en casos de tratarse de explotación sexual de menores.
“La trata de personas es el tercer negocio ilegal más rentable en el mundo. La lucha contra las redes de esclavitud para fines de explotación sexual, en consecuencia, debe verse acompañada de avances legislativos en materia penal que resulten congruentes y efectivos con las estrategias que apuntan a prevenir y sancionar este aberrante delito, pero también a visualizarlo y a desalentar la demanda, atento que ésta constituye uno de los pilares fundamentales de su subsistencia”, destaca el senador K en los fundamentos de su proyecto.
También con la trata como eje, pero incluyendo a la prostitución voluntaria también, en la Legislatura porteña ingresó una iniciativa que, con la firma de legisladores del Frente para la Victoria, el Frente Progresista y Popular, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y Nuevo Encuentro, propone la creación “en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Programa de Restitución de Derechos Sociales (PREDES) destinado a la atención de las personas en prostitución y víctimas de explotación sexual”.
Los objetivos del programa que se pretende crear en la Ciudad son: La detección de lugares expuestos o encubiertos en los cuales mujeres, trans, adolescentes, niños y niñas, se encuentran en situación de prostitución o afectados/as por delitos contra la integridad sexual; la erradicación progresiva de los circuitos de prostitución, corrupción y trata de personas; la superación de los patrones culturales que naturalizan la subordinación de las personas en situación de prostitución y aceptan la relación prostituyente – prostituida como parte de las iniciativas del mercado; la inclusión de las personas afectadas por la explotación sexual en programas de inserción laboral; y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y V.I.H./SIDA.
El proyecto plantea implementar “campañas de difusión sobre los derechos afectados y vulnerados de las personas prostituidas, así como de las normas que prohíben el funcionamiento de casas, centros o prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país”. También “constituir equipos especializados en la detección e inspección de los centros expuestos o encubiertos de explotación sexual y prostitución para que actúen con los dispositivos judiciales y, cuando sea necesario, con los dispositivos de las fuerzas de seguridad que correspondiere”, además de realizar inspecciones a partir de denuncias efectuadas por la comunidad, fomentar la inclusión social y laboral de “las personas detectadas en los centros de ejercicio de prostitución” a través de asignación de subsidios, planes sociales, micro emprendimientos, programas de acceso a la vivienda y becas de estudio.
Pero mientras en el Congreso proponen penalizar al cliente de víctimas de la explotación sexual y en la Legislatura impulsan la asistencia de todas las personas que brindan servicios sexuales –sean víctimas de trata o no-, desde la Asociación de Mujeres Meretrices cuestionan ambos proyectos y reclaman el tratamiento en el Parlamento nacional de una Ley de Trabajo Sexual Autónomo que garantice el libre ejercicio de la actividad reconociendo el carácter laboral del ejercicio de la prostitución por personas mayores de edad y de forma voluntaria “a cambio de un pago para beneficio propio”.
“Una chica que está siendo obligada no está trabajando, siempre hay que partir de ahí. Ahora en qué condiciones trabajan las que están por voluntad propia, es otra cosa. Vivimos en una sociedad muy pacata, hipócrita que por un lado consume y por otro, oculta o niega. Hay una campaña que dice ‘Sin clientes no hay trata’, y nosotras decimos ‘Sin corrupción judicial/policial no hay trata’. Reconociendo el trabajo autónomo de servicios sexuales se termina con estas redes de corrupción”, afirmó en diálogo con Radio Cultura la titular de la AMMAR, Elena Reynaga.
“El proyecto que impulsamos contiene además artículos que permiten separar claramente esta actividad laboral, de aquellas ilícitas como la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad y la de mayores de edad ejercidas por proxenetas”, remarcó Reynaga.
En relación al proyecto impulsado por Aníbal Fernández, la líder de las meretrices argentinas sostuvo que “la penalización del cliente expone a las personas que ejercemos la ‘prostitución’ (para nosotras, el Trabajo Sexual) a una situación de mayor clandestinidad. Si se prohíbe la demanda de sexo comercial, la actividad se vuelve clandestina, lo que hace que nos veamos más expuestas a los abusos y presiones policiales, de clientes, de locadores, etc”. Y en cuanto al proyecto presentado en el Parlamento porteño para crear un programa de asistencia la AMMAR expresó su rechazo al considerar que “claramente constituye una nueva persecución a las trabajadoras sexuales de la Ciudad de Buenos Aires, al pretender confundir la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo sexual”.
“Entendemos que este proyecto de puro corte prohibicionista atenta contra nuestros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, particularmente la libertad de optar en la vida privada y el derecho al trabajo, preceptos previstos en los artículos 14 y 19, así como en diversos tratados internacionales. Dicho proyecto, que pretende lisa y llanamente erradicar la prostitución, constituye un enorme retroceso en el camino que Ammar viene construyendo en relación a la propuesta de formar cooperativas sexuales, puesto que utiliza una nueva denominación, la de “centros de ejercicios de prostitución”, es decir, una nueva manera de mezclar a los prostíbulos que están prohibidos desde la década del 30 y las cooperativas sexuales que Ammar propone”, sostienen desde la Asociación de Meretrices.
Según datos recabados en el Cuarto Informe de Conflictividad realizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2011 ingresaron 5427 casos por infracción al artículo 81 del Código Contravencional porteño que sanciona con hasta 5 días de trabajo comunitario o multas de hasta 400 pesos a “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”. Si bien no existen datos oficiales que discriminen y dividan las causas tramitadas en la justicia de la Ciudad entre aquellas por oferta y por demanda, consultadas fuentes de la fiscalía porteña reconocieron que los casos contra clientes, contra quienes demandan los servicios sexuales en el espacio público son escasos, siendo las personas que ofrecen los servicios sexuales el porcentaje casi total de los expedientes por esta contravención.
“La diferencia significativa entre actas labradas por oferta de sexo en la vía pública respecto a las correspondientes a la demanda, indica que sin ningún tipo de justificación razonable la persecución estatal recae casi con exclusividad en quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y no en los clientes. La figura contravencional resulta, como todo norma punitiva, de aplicación selectiva, y se convirtió en una figura de estigmatización y discriminación hacia las personas que ofrecen servicios sexuales, amparando en virtud de una cierta ‘tolerancia moral’ a las personas que utilizan esos servicios. No creemos que deba aplicarse a ninguna de ambos sujetos, no obstante, no podemos dejar de señalar la aplicación manifiestamente selectiva y estigmatizante que se hace hoy de esta norma contravencional”, afirma la legisladora porteña Rocío Sánchez Andía.
Para la legisladora del bloque Coalición Cívica año tras año “la oferta y demanda de sexo en la vía pública continúa del mismo modo en distintas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” dejando en evidencia que “la herramienta punitiva sólo ha servido como una excusa para habilitar el ejercicio arbitrario de poder punitivo por parte de las fuerzas de seguridad sobre personas altamente vulnerables”. Frente a esta situación, Sánchez Andía propulsa un proyecto para que se derogue totalmente el artículo 81 del Código Contravencional.
Desaparición de la prostitución callejera como una contravención, creación de un programa de asistencia para víctimas de trata y personas que ejercen la prostitución con objetivos también de control e inspección de centros expuestos o encubiertos de explotación sexual y prostitución, penalización a la demanda de servicios sexuales de personas esclavizadas y reconocimiento de los servicios sexuales voluntarios como un trabajo autónomo, cuatro proyectos que dejan en evidencia la existencia de una problemática y que obligarán a poner al sexo por dinero en el debate legislativo.
