Por segunda vez consecutiva, el balance del Sector Público Nacional arrojó superávit. En febrero, éste fue de $1,2 billones. Claro que, una vez descontados los intereses de la deuda externa que en parte tomó el actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo -que sumaron $894.412 millones-, la cifra quedó reducida a $338.112 millones.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Análisis de los Ingresos, Gastos y Resultados del Sector Público Nacional: Datos a febrero 2024” concluyó en que este resultado, lo mismo que el de enero, fue producto de “un fuerte recorte en los gastos”.
Los ingresos totales en febrero llegaron a $5,5 billones, que entrañaron una caída del 6,3%, si se ajusta por inflación. “Esta disminución se debe principalmente a la baja en el impuesto a las ganancias y los aportes a la seguridad social, tributos ligados a los salarios y la actividad laboral”, según CEPA.
En el camino, hubo un incremento en la recaudación de los impuestos asociados con el comercio exterior, que de alguna manera “le salvaron al Gobierno la recaudación”, según manifestó a Noticias Urbanas Jennifer Stefan, una de las autoras del trabajo. En este rubro, hubo un aumento del 34% en las retenciones y un 31% en los derechos de importación.
Aún así, estos dos últimos tributos no alcanzaron “principalmente por el salto cambiario, a compensar la caída en otros tributos asociados a la actividad (aportes y contribuciones a la seguridad social -22%, débitos y créditos -2%, IVA Interno)”.
Estas conclusiones permiten arribar a otra: “el superávit, entonces, no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto de 36,4%. Éste es explicado por la caída de todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos” (CEPA).
Los jubilados fueron los corderos del sacrificio
De cada $100 de ajuste, $35 fueron extraídos de las partidas destinadas a las jubilaciones. Sobre ellos se concentró la reducción del gasto. El resto correspondió a gastos de capital (aportaron un 23,7%) y a los subsidios, principalmente los relacionados con la energía, complementados por el crecimiento de la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico-Sociedad Anónima (CAMMESA). Esta circunstancia impactó fuertemente en la suba de las tarifas del transporte, gas y luz.
Paralelamente -advierten los especialistas de CEPA- “los problemas ocasionados por la demora en las transferencias a CAMMESA abren un interrogante sobre la sostenibilidad del ajuste llevado adelante por el gobierno”.
Las provincias, eternas convidadas de piedra del país unitario
Los ajustes ya descriptos impactaron negativamente y con mucha fuerza sobre los bolsillos de todos los argentinos, pero hay otro rubro que duplica el golpe: los argentinos que viven en los territorios situados más allá de la avenida General Paz vieron que las transferencias a sus provincias se redujeron en un 85% en términos reales, en especial por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y por la cesación de la existencia del Fondo Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Reduciendo estas partidas, Milei intenta obligar a todos los gobernadores a ajustar sus gastos en la misma proporción en que los redujo la Casta Rosada y sus habitantes del mundo de fantasía de Balcarce 26.
Para aportar otro gramo de disparate, el Gobierno también casi eliminó el rubro de gastos de capital, al eliminar de manera radical la obra pública. Esta partida cayó en un 88%, a la vez que la inversión en infraestructura fue reducida a su mínimo exponente, como no pasaba desde febrero de 2017.
¿Superávit sólo en el Excel?
Hasta el 29 de febrero, el superávit fiscal acumulado es de $3,2 billones. De esta manera, es probable que Milei pueda cumplir -de manera pírrica- con “la meta fiscal modificada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que requiere un superávit de $962.000 millones para el primer trimestre del año”.
Jennifer Stefan: “Vendrá otro ajuste”
La economista de CEPA advirtió que el caso de las jubilaciones “es licuación pura”, mientras que “la caída en las transferencias a las provincias y en la obra pública es la anunciada motosierra”.
El ajuste, para Stefan, se basó en “la caída en las jubilaciones y las prestaciones sociales, la suspensión de la obra pública y las menores transferencias a las provincias, lo que genera un superávit, que para Milei y Caputo no se negocia. Es como el bastión del Gobierno, que busca de esta manera dar una señal a los mercados”.
El problema para la especialista es que “la caída paralela de la recaudación exigirá, en su concepción, otro ajuste. La desaceleración de la inflación es cierta, pero es necesario acotar que el Gobierno partió de un número muy alto. Esta circunstancia les sirve solamente para tenr un Excel ordenado”.
“Los datos salientes -argumentó la economista- incluyen, además del superávit, la estabilización del Riesgo País, una brecha cambiaria baja y el aumento de las reservas del Banco Central. De todos modos, el superávit comercial se consigue a costa de imponer una serie de regulaciones, algo que se opone a los principios que sostienen en público los principales funcionarios del Gobierno. Tal es así, que hasta ahora no bajaron un solo impuesto y además elevaron el Impuesto PAIS, que fue lo que les salvó en parte la recaudación”.
Para cerrar, Stefan advirtió que “hay dos cosas en la economía. Por un lado, lo que alegan acerca de las metas fiscales conseguidas y, por otro lado, la caída en la actividad económica, que es muy fuerte y genera dudas acerca de que Milei pueda seguir por este camino”.
