El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, fue indagado en una causa en la que se investiga el presunto perjuicio al Estado Nacional por la venta de acciones que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Fuentes judiciales informaron que Basavilbaso se presentó con su abogado, Alejandro Pérez Chada, y dejó un escrito para descargo de su indagatoria. También respondió preguntas.
El funcionario está acusado de haber vendido acciones de Petrobras Argentina (PESA) que estaban en poder del FGS y que generó un perjuicio para el Estado. Las acciones de PESA que tenía la ANSES desde la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo fueron adquiridas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin.
En su indagatoria, Basavilbaso deslindó cualquier responsabilidad en la Comisión Nacional de Valores y en los técnicos históricos del FGS ya que, explicó, la venta de las acciones se hizo en función de la recomendación de los expertos. “No se le puede imputar un delito por algo tan volátil como el precio de acciones”, señalaron allegados al funcionario.
El abogado de Basavilbaso es un habitual defensor de funcionarios de este gobierno. Defendió al propio presidente Mauricio Macri en la causa de “Panamá Papers”, al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por el presunto cobro de coimas, al ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y a la vicepresidenta Gabriela Michetti.
La adquisición de acciones se produjo en noviembre de 2016, luego de que Pampa Energía comprara el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina. Eso llevó al grupo de Mindlin a lanzar una oferta pública obligatoria de adquisición (OPA) para ofrecerles a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS de la ANSES tenía el 11,85% y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción. Por aquella operación el FGS recibió algo más de $2.482.00.000. Tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina treparon a un valor que ronda los $18.
La causa se inició por una denuncia de los diputados Victoria Donda y Rodolfo Tailhade y el fiscal federal Jorge Di Lello imputó a distintos funcionarios al abrir la investigación judicial.