Se presentó como un problema económico con raigambre cultural. Pero derivó en un culebrón judicial y, con mayor intensidad desde esta semana, en una guerra política. El tarifazo energético o, si se prefiere, la corrección de un sistema colapsado, se convirtió en la mayor traba de gestión del macrismo, a ocho meses de su debut.
Cuesta entender a esta altura por qué el Gobierno quedó enredado en semejante berenjenal, con un problema que ya estaba en la superficie desde hace años. Como si solo, sin ningún engaño ni presión extra, hubiese caminado derechito a arenas movedizas.
La situación crítica del sistema energético argentino viene siendo denunciada desde hace años por un grupo de exministros, expertos en el tema. También lo vivió en carne propia el actual jefe del área, Juan José Aranguren, CEO de una de las principales petroleras del país hasta antes de asumir. Y, sobre todo, lo vienen padeciendo millones de argentinos, que sufren por un servicio que falla cuando más se lo necesita: cortes de luz en verano, problemas con el gas en invierno.
Durante el kirchnerismo, el diagnóstico sobre el servicio corrió en paralelo con los subsidios que había que ir sumando para no aumentar las boletas. Allí también el Gobierno anterior fue solito al matadero: el tema es que antes de que los ejecuten, dejaron el poder. El agujero económico, solamente en 2015, superó los 17 mil millones de dólares. Antes de asumir, Mauricio Macri ya había decidido avanzar sobre el conflicto. Esto es, que los usuarios paguen el costo de la energía que consumen. Se habló hasta de una cuestión filosófica y se hicieron comparaciones con países del primer mundo. En la teoría y encapsulado, un razonamiento difícil de refutar. En la práctica y con una mirada general sobre el escenario social argentino, mucho más complicado de sostener. ¿Es factible multiplicar las tarifas un 2.000% de un día para el otro y con el salario perdiendo claramente contra la inflación? ¿No habría que equiparar otras variables con el primer mundo antes de pedir más esfuerzos de bolsillo a la gente?
Justamente, la práctica llevó al Gobierno a encarar un ajuste menor al planeado originalmente. Pero ni siquiera el plan moderado pasó el filtro de la Justicia. Con una mano política de fondo, varios de los amparos fueron fogoneados por ONG vinculadas a partidos opositores. Algunos de los jueces que los aceptaron tampoco simpatizarían con el macrismo. Pero el Ejecutivo nacional hizo su parte: buscó valerse de una vieja audiencia pública para evitar pasar por esta presentación prevista en la norma. Buscó un atajo, como con los nombramientos en la Corte. Otra vez lo frenaron.
Hoy, la pelea judicial trepó al escalón top. Desde hace unos días, una causa de fondo derivada de una Cámara de La Plata está en la Corte Suprema de la Nación. Como paso obligatorio, los jueces del Máximo Tribunal le pidieron opinión sobre el tema a la Procuración General de la Nación, que conduce la cuestionada Alejandra Gils Carbó. Antes, la Corte le había pedido informes al Gobierno para que explique las razones de los cambios. La semana que viene se conocería el fallo de los magistrados. Para entonces, ya se habría sumado el quinto miembro, Carlos Rosenkrantz.
En casi todos los amparos que frenaron las subas, los jueces advirtieron sobre la falta de las mencionadas audiencias. Parece difícil que la Corte permita que la Casa Rosada saltee este paso para avalar los aumentos.
En el Gobierno se ilusionan, al menos, con la posibilidad de poder ir aplicando, mientras tanto, el último aumento decidido en el gas, con topes del 400% para los hogares y 500% para las empresas.
Aranguren advirtió que en caso de fallar en contra de la intención del Gobierno, habrá un gasto extra de 22.000 millones de pesos. “Sería muy grave”, alertó el ministro. Su expresión económica tuvo rebote político: cayó mal en la Corte esta advertencia, que sonó a presión. Algo parecido al disgusto que provocaron los dichos de hace unos meses del ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando pedía celeridad al Máximo Tribunal.
En cuanto a la puja política, este miércoles la oposición le hizo una demostración de fuerza inédita al macrismo. Convocó a una sesión especial, consiguió quórum para arrancar el debate y obligó al Gobierno a conceder una nueva visita de Aranguren al Congreso. Más allá de que no se trate de una interpelación, está claro que la presentación supondrá un nuevo desgaste para el ministro más cuestionado del Gabinete. En definitiva, un revés político, mientras sigue el bache económico y se define el entuerto judicial.
