A partir de este miércoles, las empresas ya no tienen la obligación de financiar a las cámaras patronales mediante aportes o contribuciones obligatorias. Hasta ahora, las compañías realizaban estos aportes, independientemente de su asociación con dichas entidades.
La medida fue establecida mediante el Decreto 149/2025, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Este decreto cambia la interpretación de la normativa actual, haciendo que los aportes sean, a partir de ahora, de carácter voluntario.
“Existen acuerdos colectivos de trabajo que estipulan contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de dichos acuerdos, a cargo de empleadores no asociados o afiliados a éstas”, explicaron fuentes oficiales sobre la medida que alega una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).
En el informe oficial proporcionado por el Gobierno se indica que la implementación de las cláusulas en cuestión carece de base normativa, por lo que no es posible exigir el pago de contribuciones obligatorias dirigidas a las cámaras o asociaciones de empleadores a las empresas que no estén afiliadas a ellas.
El Decreto 149/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @SPettovelloOK termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer “impuestos privados” para beneficio de privados. Explicamos.
Nuestras negociaciones salariales, regidas por la ley de Convenios…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 5, 2025
Uno de los casos más controversiales en este ámbito es el de Comercio, ya que, según cálculos del gobierno libertario, mediante estos mecanismos se exige al sector comercial, que cuenta con aproximadamente 1,2 millones de trabajadores, el pago de unos $6.000 millones mensuales para “supuestas actividades de formación”.
Estos aportes mencionados representan el 0,5% del salario de cada trabajador en el sector, alrededor de $5.000 mensuales, y son recaudados por la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Con el último decreto emitido por el Gobierno de Milei, todas las empresas que deseen seguir contribuyendo a estas entidades de manera voluntaria podrán hacerlo, aunque se elimina la obligatoriedad de dichos aportes.
En paralelo, el Gobierno anunció que no validará acuerdos colectivos que busquen forzar a las empresas a conservar los mencionados aportes o contribuciones obligatorias, ya que consideran que esto representa una interpretación errónea de la legislación que rige dichos convenios.
Fuentes oficiales señalaron que la supresión del pago de aportes y contribuciones obligatorias fue una solicitud planteada por diversas organizaciones gremiales empresariales a nivel nacional.
