El legislador por Unidad Ciudadana (UC), Javier Andrade, se refirió a la negativa de la bancada oficialista de Vamos Juntos a tratar un proyecto de declaración para que el Gobierno porteño declare una emergencia tarifaria. En la Ciudad, los precios de los bienes y servicios públicos aumentaron hasta en un 1037% desde diciembre de 2015 a la actualidad.
El bloque de Unidad Ciudadana presentó esta semana en la legislatura porteña un proyecto de declaración para expresar su preocupación por los excesivos aumentos de los servicios públicos, y le solicitó al gobierno porteño que declare la “Emergencia en materia tarifaria”, durante 24 meses. Pero la iniciativa fue rechazada en la sesión ordinaria de hoy jueves 5 de abril de 2018.
“El aumento indiscriminado de tarifas encuentra su primer límite normativo en el Art. 42 de la Constitución Nacional. Asimismo, y respecto de los usuarios y las empresas prestadoras de servicios, podríamos agregar que se trata de una relación regulada por el Art. 1093 y ccs del Código Civil y Comercial de la Nación”, expresó Javier Andrade.
Con este proyecto, UC intentó persuadir al Poder Ejecutivo Nacional a que no implemente nuevos aumentos o reajustes tarifarios de los servicios públicos, por el plazo de vigencia de la emergencia, y solicitaba la revisión de la evolución del cuadro tarifario de los últimos 18 meses, a fin de retrotraer los valores al los establecidos para el mes de noviembre del año 2017.
“Los aumentos dispuestos en los últimos meses del presente año superan ampliamente la inflación y dejan muchos escalones más abajo los importes con los que se pretende acordar las paritarias de los distintos sectores de trabajadores de la sociedad, destruyendo de este modo, el poder adquisitivo de los ciudadanos, deteriorando aún más el consumo y amenazando cada vez más a los sectores”, sostuvo el legislador porteño, y agregó: “Con el proyecto rechazado pretendíamos que no se siga depredando el salario de los trabajadores con aumentos tarifarios que se convierten en confiscatorios para los ciudadanos”.
“El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso al servicio eléctrico en cada una de las casas de todos los ciudadanos, como así también a las entidades de bien público, a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas, siempre a un precio justo y razonable, que permita la sustentabilidad de los emprendimientos socioculturales y productivos” porque sino el resultado es “el cierre de miles de comercios y pequeñas empresas y la falta de ingresos para miles de argentinos y argentinas”, cerró el legislador.
