Con la versión danzante de pedir licencia o renuncia a su cargo de parte del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou a propósito del escándalo judicial que lo tiene en el centro de la escena, la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político, Laura Alonso del PRO reclamará que ese cuerpo se reúna cuanto antes para debatir los numerosos pedidos de juicio político presentados por la oposición en estos últimos dos años.
El problema es que hay mayoría oficialista en dicho espacio. Allí existen decenas de pedidos de juicio político contra distintos funcionarios del Gobierno.
La oposición tiene 14 de los 31 integrantes porque el resto responde al kirchnerismo más duro con Diana Conti, Teresa García, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos “Cuto” Moreno, Remo Carlotto y Carlos Kunkel..
De la oposición además de Alonso, integran la comisión Elisa Carrió de la Coalición; Manuel Garrido de la UCR; Pablo Tonelli del Pro; Margarita Stolbizer del GEN y Claudio Lozano de Unidad Popular, entre otros.
Ante ello, la oposición apunta al Artículo 108 del reglamento de la Cámara de Diputados que confirma que las comisiones necesitan la presencia de la mayoría de sus integrantes para funcionar, es decir, la mitad más uno para luego señalar que concede que una comisión puede funcionar con al menos el tercio de sus miembros si, transcurridos 30 minutos de la hora fijada para la convocatoria, no se hubiese reunido el quórum.
Para algunos, por el equilibrio de fuerzas en el Congreso, “difícilmente” un pedido de juicio político pueda prosperar, aunque el mensaje político de todo el arco opositor es igualmente fuerte.
La situación judicial de Boudou se agudizó luego de que la Justicia lo citara para el 15 de julio próximo, junto con otras personas, para responder sobre su vinculación con el salvataje Ciccone, la imprenta que fabrica los billetes nacionales.
El juez federal Ariel Lijo, según se desprende del llamado a indagatoria del vicepresidente, revisó esa situación y citó como imputados a Ciccone y Reinwick. También al socio del funcionario k, José María Núñez Carmona, su empleado Alejandro Vandenbroele y un funcionario de la AFIP, Rafael Resnick Brenner.
