El Gobierno ha intensificado las revisiones de los beneficios otorgados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) comenzarán este mes a auditar a más de un millón de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral, especialmente aquellas otorgadas durante la última administración kirchnerista.
Desde el 2 hasta el 20 de enero, se citaron a un total de 1,108 personas para ser auditadas en CABA. De este total, 357 no se presentaron a la convocatoria, representando el 31.6% de los citados. Entre los 759 beneficiarios que sí acudieron, se detectó que 126 no cumplían con los requisitos necesarios para recibir la pensión, lo que representa el 16.6% de los asistentes. Además, 16 casos quedaron pendientes de una verificación médica adicional, lo que subraya la importancia de los controles periódicos para asegurar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
El operativo permitió identificar irregularidades que llevaron a 20 bajas directas. Según Adorni, estas bajas se debieron a renuncias voluntarias y la constatación del fallecimiento de algunos beneficiarios. Estos casos refuerzan la necesidad de mantener actualizados los registros y de realizar controles regulares para evitar el uso indebido de los recursos públicos.
Desde el Gobierno explicaron que estos operativos se enmarcan en un esfuerzo más amplio para asegurar que los fondos destinados a pensiones no contributivas sean utilizados de manera eficiente y transparente.
Estas auditorías forman parte de un plan más amplio del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, para garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a las pensiones no contributivas, diseñadas para asistir a personas que, debido a una invalidez laboral, no pueden acceder a otras fuentes de ingresos.
El proceso de auditoría en CABA continuará hasta que se analicen más de 200,000 expedientes. Adorni destacó que la detección de irregularidades y la implementación de bajas directas reflejan el compromiso de las autoridades por garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, el alto porcentaje de ausencias en las convocatorias plantea desafíos adicionales que deberán ser abordados en futuros operativos.
A partir de este mes de febrero, la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el PAMI, liderado por Esteban Leguízamo, comenzarán a auditar 1,013,400 casos de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) en todo el país. La auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo, con especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Todo el proceso se realizará bajo la supervisión del Ministerio de Salud, con el compromiso de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y garantizar que cada peso invertido llegue a quienes realmente lo necesitan.
