La actual Ley de Alquileres que se votó en el Congreso de la Nación rige desde el 2020 . Plantea un contrato mínimo por tres años y el aumento anual está en relación al Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La “Ley Lipovetzky”, llamada así por ser impulsada por el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Daniel Lipovetzky, no prosperó, ya que recibió muchas críticas por parte de los inquilinos y de los dueños de las propiedades.
Por otra parte, se dio a conocer el número de viviendas vacías que había en la Ciudad de Buenos Aires y que se mantuvo con la ley. “En la Ciudad hay 1 millón 500 mil viviendas, de las cuales 304 mil están vacías”, estimó el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz . Y explicó que esos datos están basados en el Censo 2010.
Asimismo, durante el año pasado se debatieron varios proyectos en el plenario de las comisiones de Legislación General, presidida -en su momento- por la actual titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside el legislador Carlos Heller.
Por aquel entonces, también, se puso en cuestión el impuesto a la vivienda ociosa, incluido en el proyecto del oficialismo, que apoyó el diputado José Luis Gioja.
Por otra parte, durante varias semanas, la Cámara baja recibió a diferentes expositores, tanto del lado de los inquilinos, como del lado de los propietarios, que hicieron referencia a la situación de cada sector y, además, mostraron las diferentes realidades que se viven en las provincias.
Dos dictámenes
Finalmente, en mayo del 2022, los diputados emitieron dos dictámenes (uno de mayoría y uno de minoría) a distintos proyectos para impulsar una nueva Ley de Alquileres, que no fue sumado al temario para ser tratado en el período de Sesiones Extraordinarias.
La iniciativa del Frente de Todos logró 40 firmas , mientras que la de Juntos por el Cambio , apoyada por el Frente de la Concordia y los interbloques Federal y Provincias Unidas, obtuvo la firma de 39 legisladores.
Uno de los temas que trata el proyecto es la creación de un plan que incentiva la construcción y adquisición de inmuebles, destinados a alquileres sociales, mediante el Estado. Esta medida estaría regulada por el Consejo Nacional de la Vivienda. También, incluye gravar las viviendas ociosas, es decir, las que se encuentran vacías, debido al desbalance que existe entre la poca oferta y la gran demanda habitacional.
A su vez, trae beneficios para las personas que están dentro del Régimen del Monotributo.
Sin embargo, desde el oficialismo concuerdan con la ley actual en dos puntos : que el contrato siga siendo de tres años y que la actualización anual de los valores de los alquileres esté basada en el índice de inflación, medido por el Indec y la variación salarial que publique el Ripte del Ministerio de Trabajo.
Por el lado de la oposición, el proyecto indica un contrato por dos años y que los aumentos se realizan mediante un acuerdo entre las partes. Estos se basarían en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS). Además, la actualización de los precios, también tendrá que ser consensuada y podría incluir un ajuste cada tres meses o cada un año.
Si bien, todos los bloques concuerdan en que se necesita modificar la Ley de Alquileres vigente, lo cierto es que la falta de acuerdos políticos traba el debate legislativo para sancionarlo en el recinto.
Por el momento, nada indica que haya voluntad para que se apruebe, en el corto plazo, una nueva ley.
