Siempre es difícil regular el mercado laboral, más aún cuando los afectados por la norma –los empleadores que contratan mano de obra– intentarán por todos los medios eludir el control. Es sencilla la razón que lo explica todo: cuanta menos normativa haya, los rebeldes obtendrán más ganancias y beneficios. Por el contrario, cuanto más poder de control le otorguen las leyes al Estado, los beneficios se verán limitados por las normas que regulan la relación obrero-patronal.
Lo mismo ocurre en el campo impositivo. Lo más fácil para los empresarios ineficientes es obtener beneficios mediante la evasión fiscal. En estos casos, es inútil plantear círculos virtuosos, cadenas de valor, mejores sistemas de producción, optimización del sistema de atención al cliente o la producción de encuestas de satisfacción a los consumidores para mejorar sus productos.
Si los empresarios pueden obtener beneficios del sencillo acto –habitual en la Argentina– de evadir a un Estado bobo, ineficiente y hasta cómplice de los mismos que vulneran las leyes, ¿para qué van a intentar mejorar los sistemas de producción y de contratación de su personal?
Bajo empleo, bajos salarios
En la última década del siglo pasado y aún en los comienzos de esta centuria se produjo una profunda precarización del sistema de contratación laboral, que dejó secuelas que todavía perduran negativamente en este campo.
Contrariamente a lo que plantearon los defensores de ese sistema de inestabilidad laboral sistémica, la sanción de la Ley Banelco y otras que fueron en la misma dirección no multiplicaron sino que disminuyeron drásticamente los puestos de trabajo. Paralelamente, junto con la escasez de contrataciones, el mercado laboral lanzó hacia la baja a los sueldos, deprimiendo la producción nacional y el mercado interno y deteriorando las posibilidades de instaurar en la Argentina un sistema basado en la justicia social y la equidad laboral.
Así, el mercado interno se vio deprimido hasta niveles casi inéditos en nuestra historia, comparables solamente con el terrible quiebre que se produjo en 1930, cuando el trabajo se convirtió en una quimera. No casualmente, ese mismo año se quebró por primera vez la democracia argentina.
2003, paritaria y después
En el año 2003 se reactivaron las paritarias, que habían dormido el sueño de los justos durante 14 años, y desde entonces se vienen redefiniendo las relaciones laborales, con altas y bajas.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires existe la Subsecretaría de Trabajo, que no guarda una gran importancia dentro de la estructura gubernamental, ya que ni siquiera sus inspectores dependen de ella. De todos modos, los conflictos laborales que tienen relación con el ámbito del Estado suelen reclamar de esta dependencia su intervención, más allá de su real potestad, ya que la jurisdicción del Ministerio de Trabajo de la Nación es la que suele primar.
De todos modos, en el campo del trabajo privado, las empresas suelen intentar la elusión de las autoridades locales, más allá de que estas inspeccionan sus instalaciones y los obligan también a respetar los convenios laborales.
El nacimiento de una polémica
En este contexto, el 12 de mayo último, la legisladora porteña María Rachid (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley por el cual propuso que se elimine de las atribuciones de las patronales que contratan personal la capacidad de discriminar a sus futuros empleados por razones de etnia, nacionalidad, color de piel, lengua, aspecto personal, ideología política y por sus antecedentes penales, entre otros ítems.
La ley regiría para los ámbitos público y privado, dentro de los límites de la Ciudad. La diputada propuso que rija para las entrevistas de trabajo, para todas las actividades previas a la contratación y para los períodos de capacitación.
Según el proyecto presentado por Rachid, “se considera discriminatorio todo acto u omisión que tenga por objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, la igualdad real de oportunidades o de trato en relación al acceso y permanencia en el empleo y a la conclusión de las relaciones laborales, bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, responsabilidad familiar, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, perfil genético, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos personales, sociales o culturales, lugar de residencia, situación penal, antecedentes penales y/o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente, que exceda la idoneidad requerida para el puesto laboral en cuestión y la permanencia en el mismo”.
En la norma también estaría prohibido que los empleadores soliciten determinadas aptitudes o apariencia –la famosa “buena presencia”– que segreguen a algunos postulantes. Entre las prohibiciones figura también que se exija residencia en determinada zona y pedir que en el currículum vítae se incluya la foto del postulante, el estado civil, la composición familiar, la edad y la fotocopia del DNI.
La aprobación de la norma, de todas maneras, deberá sortear varios escollos en la Legislatura, porque es muy completa y prevé casi todas las razones por las que un aspirante a un empleo puede ser discriminado, y esto necesariamente va a generar desacuerdos con otras fuerzas políticas. Tres de los artículos más polémicos son el 23, que establece las sanciones para los que incumplan la iniciativa, y los 27 y 28, por los que se crea el Observatorio de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
El artículo 23 establecería que el incumplimiento de la ley generaría una “falta muy grave”, que sería sancionada con las penas que prevé la Ley 265, norma por la que se establecieron en 1999 las competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo en la Ciudad.
Las penas que establece la Ley 265 fluctúan entre las multas pecuniarias y la clausura por diez días de la empresa, con la obligación de pagar los salarios de sus empleados. Si la falta es muy grave, se le prohíbe al infractor participar en licitaciones públicas y, por el mismo período, se suspende su permanencia en los registros de proveedores y aseguradores del Estado.
Pero la exigencia que genera más escozor es la prohibición de que la posesión de antecedentes penales impida a los aspirantes acceder a un puesto de trabajo. Ya que, según el proyecto, lo único que debe tener en cuenta el empleador es la idoneidad del postulante.
“Un pedófilo no puede trabajar en una escuela”
El diputado porteño del Pro Helio Rebot, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, manifestó a Noticias Urbanas que “la consideración de los antecedentes de un aspirante a un trabajo, de por sí, implica discriminación”. “Un pedófilo no puede trabajar en una escuela, y si un directivo lo emplea, podría ser acusado de negligente, porque es un delito con un grado de patología muy alto. Lo mismo, si un banco necesita un cajero, no va a tomar a alguien con antecedentes por estafa, o un farmacéutico no va a contratar a alguien que tiene una historia de drogadicción.”
De todos modos, el legislador oficialista considera que sí es discriminación “negarle a una persona el derecho constitucional de ser considerado en igualdad de condiciones con otros postulantes a la misma posición”.
Con respecto a los antecedentes criminales, Rebot opinó que “por ley no se debe hacer de estos un antecedente positivo. Existe la posibilidad de que a los que han delinquido se los incluya en un programa de reinserción laboral, pero lo que no es razonable es que exista un cupo para proveer de trabajo a los que poseen antecedentes, que era el proyecto original, que ahora fue modificado en esta propuesta”. Rebot se refiere a una iniciativa anterior de Rachid, que data de 2013, para crear un cupo del tres por ciento de expresidiarios en los organismos del Estado y exenciones impositivas a las empresas que voluntariamente los contrataran.
“La condición de vulnerabilidad en la que alguien se colocó por propia voluntad no debe ameritar por sí misma una ventaja. Distinto es el caso de que exista una persona con una discapacidad física, quien sí merece que el Estado la proteja. Los medios deben ser razonablemente congruentes con el objetivo. Por eso, hay que considerar los riesgos, porque una persona con un largo historial de infracciones de tránsito no puede postularse para manejar un colectivo, por ejemplo”, señaló Rebot.
Por todas estas razones, el legislador consideró que “los antecedentes se deben tener en cuenta, no se pueden excluir del análisis del perfil del postulante”.
El bloque de la Coalición Cívica-ARI fijó su posición, en principio favorable al proyecto. “En primer lugar, hay que destacar que siempre es bueno discutir sobre las condiciones del acceso a un empleo en el que no exista la discriminación y sí haya estabilidad”, destacaron los miembros del partido que lidera Elisa Carrió.
“En el proyecto se protege a los sectores vulnerables, y en eso es indiscutible. Lo único que habrá que tener en cuenta en el debate será la competencia de la Ciudad para legislar en esta cuestión, para que no entre en colisión con las atribuciones del Congreso nacional, porque si nos excediéramos, esto podría provocar la inaplicabilidad”, sostuvieron los cívicos.
Finalmente, destacaron que “es importante este tipo de proyectos, que defienden la vigencia de la no discriminación. Sería bueno entonces que exista un debate serio y se acepten los aportes que hará el resto de los diputados”.
El legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores – Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, consideró el proyecto “esencialmente positivo, más allá de algún detalle. Las solicitudes empresariales de personal suelen estar cargadas de requisitos discriminatorios y estereotipados”.
De todos modos, el diputado izquierdista hizo la salvedad de que “a su vez, incluso aplicando las leyes vigentes, hace falta combatir los altos niveles de precarización laboral que hay en la Ciudad y en el país y en vez de debilitar al Cuerpo de Inspectores del Trabajo de la Ciudad, como pretende Mauricio Macri, hay que fortalecerlo”.