Jueves 9 de agosto de 2012. Paro de 24 horas en los 33 hospitales públicos de la Ciudad. Dice Macri: “Los médicos tienen razón en estar preocupados”. Ese cese de actividades había sido convocado por los trabajadores de la salud luego del ataque sufrido por médicos del hospital Santojanni, el lunes de esa misma semana, en medio de una manifestación por una presunta mala praxis que terminó con la vida de Jennifer Farías, el 18 de julio de ese año, quien había dado a luz tres días antes.
Dos años después, la escena del establecimiento de Mataderos se extiende a todos los hospitales porteños, de norte a sur, de primeros cuidados a atención de agudos. Por caso: el sábado 15 de noviembre, un cardiólogo del Piñero denunció que, tras haber sido esperado a la salida del nosocomio, fue agredido a golpes de puño por el familiar de un paciente. Otro capítulo más en el historial de violencia que envuelve a la institución de Varela al 1300, en el Bajo Flores.
El pasado reciente lo encabezó, en julio de 2007, Daniel Romano, médico clínico de la guardia, quien terminó con un arma en la cabeza cuando asistió en ambulancia a atender a un paciente en la Villa 1-11-14. Y fuera de ese hospital, en el Penna, hace tiempo es tradición cachetear a los médicos cuando pretenden trabajar por orden de prioridad: lo más urgente primero. Y así, las situaciones incontrolables se ramifican, se multiplican, a expensas de un Estado que hace poco o hace mal.
A comienzos de septiembre de este año, cuando un joven que había sido baleado por la policía terminó muerto, tras una pequeña internación en el Santojanni, sus familiares y amigos terminaron enfrentándose con las fuerzas de seguridad dentro del centro de salud. Al interior del mismo –y fuera también–, todos recuerdan lo que pasó en enero de 2012, cuando un grupo de barrabravas de Nueva Chicago ingresó en el servicio de guardia buscando a un integrante de una facción rival allí internado. Así, Macri debe seguir pensando que los trabajadores tienen razón en preocuparse. Y tiene razón.
La propia ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, reconoció recientemente: “Lamentablemente, estamos viviendo muchos episodios violentos. Golpean a los médicos, administrativos, enfermeros. Bajan 20 personas de un micro con un herido y le dicen a un médico: ‘Lo salvás o te quemamos’. El que recibe a ese herido y lo tiene que operar, se ve obligado a trabajar en una situación muy estresante”. Desde la Asociación de Médicos Municipales (AMM) refieren, en tanto, que la entidad recibe una denuncia de agresión a trabajadores de salud por día. Y entiéndase por agresión desde el clásico insulto y presión hasta golpes, pasando por empujones y amenazas. La asociación insta a los trabajadores agredidos a que hagan la denuncia policial. En algunos casos, se consiguieron sentencias de probation. A su vez, como para darle un impulso legislativo al asunto, AMM presentó un proyecto para que los agresores no puedan volver a entrar en los hospitales, siempre que no sean potenciales pacientes.
El secretario general de ATE Capital, José Luis Matassa, expresó ante estas condiciones que empeoran día tras día, en el marco, a su entender, de una política de vaciamiento de la salud pública: “La seguridad de los trabajadores sanitarios no está garantizada, no funcionan los botones antipánico y retiraron la seguridad”. Carlos Sánchez, delegado general de ATE – Casa Cuna, denunció: “Acá estamos a la deriva, la vigilancia solamente se encuentra para controlar el patrimonio del hospital”. Por su parte, Rodolfo Arrechea, delegado del hospital Rivadavia, afirmó: “Hace más de dos meses violaron a una paciente en una sala de clínica médica y cuando se iba a cometer la segunda violación, el hecho fue detenido por enfermeros en lugar del propio Gobierno de la Ciudad, que es el que tendría que preservar la seguridad de los pacientes y de nuestros trabajadores, que son los que sostienen los hospitales abiertos las 24 horas”. Mario Muñoz, delegado del hospital Moyano y miembro de ATE Nacional, también acusó al GCBA: “Mandaron una auditoría al hospital. Querían revisar los bolsos de cada uno que entrara o saliera. No es cierto que los pibes nazcan chorros, nuestros pacientes son nuestros familiares”. Se podría seguir con los testimonios. Porque sobran. Se trata de lecturas sobre la violencia como cara –otra cara– del desmadre social, o violencia como respuesta a la violencia estatal entendida como inacción, cobertura deficitaria, desidia o negligencia.
Alcira Fiorini es secretaria gremial de la Asociación Médicos Municipales. Cuenta que la organización colaboró en el armado de los protocolos de seguridad para cada uno de los hospitales porteños, respetando el perfil de la institución en cuestión. Vale recordar que en abril de 2011, el Gobierno nacional retiró 1.200 agentes de la Policía Federal que cumplían adicionales en 114 edificios públicos de Buenos Aires, incluyendo, obviamente, los hospitales, por lo que la seguridad quedó a cargo de empresas privadas y, en las comunas 4, 12 y 15, de la Policía Metropolitana. En los protocolos de seguridad elaborados para los hospitales se contemplan, según el caso, no solo la provisión de efectivos de seguridad privada, sino también cámaras, botones antipánico y puertas antivandálicas. Por ejemplo, menciona Fiorini, en el hospital Udaondo, el botón antipánico funciona a la perfección: un paciente se enoja, pretende agredir y, de inmediato, por acción del dispositivo, se llama a la Policía Metropolitana. Otra circunstancia: dada la conflictividad social en medio de la cual trabaja el Santojanni, allí cumple tareas la seguridad privada, Gendarmería y la policía local.
“La violencia proviene de la descomposición que atraviesa a toda la sociedad, sin distinción de barrios ni de clases sociales. Y no es un fenómeno que se da solo en la zona sur de la Ciudad, sino que se genera en cualquier establecimiento, ya sea el Durand, el Fernández o el Ramos Mejía. Antes se trataba solo de insultos o empujones. Hoy se viven episodios bastante recurrentes en que los trabajadores, ya sean médicos o enfermeros, son amenazados o lastimados con armas de fuego o armas blancas. Nosotros tomamos registro de los distintos hechos, porque una de las cosas que faltan son estadísticas sobre la problemática. Pero la dificultad radica en que hay mucha renuencia a denunciar, ya sea por temor a represalias o porque para eso es necesario ingresar en una burocracia interminable. Creemos que los protocolos funcionan pero no frenan la agresión. Y desde la entidad estamos trabajando para que este tipo de agresiones se encuadren en la lógica de accidentes laborales”, explica Fiorini, precisamente, en el día del médico.
Jorge Selser, exlegislador porteño que presidió durante su cargo la Comisión de Salud, disiente sobre la utilidad de los protocolos. “Son una mentira”, afirma, sin más. Cree que la violencia en los hospitales es producto directo de “un sistema cada vez más carente de respuestas que deriva de la política de abandono de Mauricio Macri”. Enumera Selser, quien luego del paso parlamentario volvió a desarrollar su labor de cirugías de columna en el hospital Argerich, donde observa un trayecto de 30 años: “En salud, hay subejecución de presupuesto, obsolescencia edilicia, falta de insumos, implementos tecnológicos y personal. Eso representa una agresión por parte del Estado. Como cuando se suspenden cirugías tres o cuatro veces en un par de meses, la gente pide un turno hoy y se lo dan para el año que viene o las filas interminables a las 4 de la mañana. Eso es violencia. ¿Cómo pretenden que reaccione la gente? Los médicos somos la cara visible del sistema”. Y añade que las situaciones conflictivas ya no son exclusivas de las guardias: se dan en los consultorios externos, a todo momento. “¿Cómo le explico a una persona que arrastra un dolor de pierna cuatro, cinco meses, y tiene que sostener a su familia, que no hay material para atenderlo?, ¿o decirle a varias personas que aguardan apiladas en un box de 2 metros y medio que esperen tranquilas a ser revisadas?, ¿o que guarde calma un paciente que está en una camilla 48 horas? No hay forma, es lógico que la gente explote”.
Fiorini asegura que, pese a que los protocolos de seguridad funcionen, nada parece alcanzar. “Incluso hemos consultado con expertos en seguridad que nos han recomendado el uso de gas pimienta. Nos negamos: queremos tratar a los pacientes como tales, no como enemigos. También nos han asesorado respecto a la interpretación que debemos hacer del lenguaje corporal de quienes se atienden en hospitales y nos han propuesto que trabajemos con testigos. La verdad es que los médicos no quieren ir a los hospitales con miedo. No nos tenemos que acostumbrar. Lo peor de esto es que se naturalice. Siempre intentamos recordar la leyenda que dispusimos en muchos lugares: ‘Ayúdenos a cuidar al que cuida. Cuídenos’”.
Selser es más pesimista. “En los hospitales interviene la Prefectura, Gendarmería, la Policía Metropolitana y, en muy pocos casos, la Federal. Sobre todo cuando la violencia se desborda de tal forma que termina exponiéndose en los medios. Actualmente, los hospitales son coladores. En ellos se roban insumos y efectos personales de los trabajadores. Y se asiste de forma cada vez más frecuente a los simulacros de fusilamiento de la salud, cuando un enfermo resiste 3 o 4 intentos de cirugía fallidos, después de meses de internación, porque no hay anestesia o falta sangre”.
Un nuevo pedido de informes para la salud
La legisladora Claudia Neira, del Frente para la Victoria, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño en relación a la deficiente prestación de seguridad en los hospitales porteños. Neira, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, señaló: “Todos los meses nos llega la noticia de una situación de violencia ocurrida en los hospitales porteños frente a los cuales no hay reacción del Estado de la Ciudad”.
“El Pro no construye una política de seguridad para los hospitales. Mientras desmantela el área de Custodia y Seguridad de Bienes, destina una millonaria inversión a la contratación de agencias privadas. De esta manera, el Pro entrega la seguridad en los hospitales al negocio de las empresas privadas”, acusó la diputada kirchnerista.
Este año, el Ministerio de Seguridad dictaminó una serie de órdenes a través de la disposición N° 106-DGCYSB/14 que se conocieron con el nombre de “Órdenes de servicio para hospitales públicos de la Ciudad”.
Neira aseguró que “estas 33 órdenes no son más que una serie de instrucciones generales para el personal de seguridad privada; indicaciones generalizadas que no contemplan la particularidad de cada hospital. Por ejemplo, en el informe presentado por La Fábrica Porteña se detalla cómo en el hospital Álvarez, que tiene sectores muy alejados entre sí, no se contempla personal de seguridad para los consultorios externos”.
Neira concluyó que las políticas más efectivas “tienen necesariamente que ver con la prevención y, en este caso, hay que atender las situaciones que contribuyen al clima de violencia”. Agregó también que “se requiere un abordaje integral que no solo revierta la deficitaria situación actual en materia de insumos y personal, sino también una mejora en las normas y dispositivos de recepción y derivación, que permita mejorar la atención en situaciones conflictivas y evitar demoras extraordinarias innecesarias”.
