La Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia) reclamó al presidente Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que retiren del Senado el pliego que postula para la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, argumentando una serie no menor de incumplimientos e irregularidades al procedimiento y los requisitos que plantea el decreto 222/03, que regula el proceso para postular a un miembro del máximo tribunal.
A través de un escrito sostenido con la firma de la decena de entidades civiles, académicas y profesionales que integran la red, Rejia plantea que “el proceso administrativo llevado adelante en el Ministerio de Justicia adolece de vicios e incumplimientos que lo afectan como acto jurídico válido”, tras lo cual enumera y detalla ocho irregularidades durante el proceso de impugnación a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona y otras cuatro en el trámite que establece el decreto.
Los primeros ocho puntos abarcan desde la “parcialidad” de Cúneo Libarona hasta los incumplimientos del propio juez frente a los requerimientos del proceso. Así, Rejia comienza señalando que el ministro debió abstenerse del proceso de postulación ya que fue abogado de Lijo en causas penales, como la que le inició Elisa Carrió por asociación ilícita, y que además adelantó públicamente su opinión favorable al juez.
Con respecto a los deberes de Lijo, Rejia advierte que la declaración jurada que debía presentar el juez “no ha sido dada a conocer”, como tampoco la declaración jurada sobre sociedades, ni los bienes y deudas del candidato y su grupo familiar, sus ingresos, egresos e inversiones, además de sus bienes suntuarios.
Por otro lado, la entidad señala que el juez incumplió la obligación de denunciar conflictos de interés “que puedan afectar la imparcialidad de su criterio”, y que tampoco se conoce qué dijo ante “situaciones irregulares denunciadas y no aclaradas”, como el hecho de utilizar un vehículo de lujo que no estaba a su nombre o su participación en el haras La Generación, ubicado en el Partido de Dolores.
La sombra del hermano del juez, Alfredo Lijo, dueño de ese haras y quien se presenta abiertamente como “operador judicial”, sobrevuela toda la presentación enviada a Milei y Villarruel.
En su segundo capítulo, la presentación de Rejia apunta a las irregularidades frente al procedimiento concreto que establece el decreto 222/03. No solo a que tampoco se conoce cómo se defendió Lijo de las 328 impugnaciones presentadas en su contra, sino a la liviandad con la que el Gobierno consideró que el magistrado había superado esas observaciones.
“A pesar de su número, fundamento y gravedad, ninguna de ellas fue siquiera analizada ni valorada antes de remitir la propuesta al Senado”, advierte la entidad, que recuerda la “confusa” fórmula que eligió el gobierno libertario para desmerecer esas impugnaciones, al señalar que no versaban sobre “las cualidades o condiciones del doctor Lijo en particular”, sino sobre el decreto 222/03 y la composición de la Corte en materia de equilibrio de género.
“Es claro que esa redacción no responde a ninguna de las impugnaciones que cuestionan las cualidades y capacidades del Dr. Ariel Oscar Lijo, lo cual es más grave aún porque, como lo resaltamos previamente, las mismas contienen objeciones basadas en numerosos antecedentes probados y en la invocación de normas y principios éticos nacionales e internacionales que rigen la designación y la conducta los magistrados”, denunció Rejia.
REJIA emitió un comunicado oponiéndose a la nominación del juez Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pic.twitter.com/6A2WeveZjy
— REJIA – ONGs por la Justicia Independiente (@REJIA_9ongs) March 23, 2024
También apuntaron a que Cúneo Libarona no se expidió sobre la falta de estadísticas, la cantidad de prescripciones, nulidades, demoras en los procesos a cargo de Lijo, cuando un análisis basado sobre los pocos registros públicos existentes (realizado por el Inecip) concluyó en señalar al magistrado como el “más ineficaz” de Comodoro Py y el que más demora las causas sensibles para el poder. Lijo es señalado precisamente por “pisar” los expedientes a su cargo, precisamente, como una herramienta política frente a los gobiernos de turno.
Por último, pero no menor, Rejia no deja pasar que el Gobierno ocultó el supuesto descargo que habría realizado Lijo frente a las impugnaciones. De hecho, la Casa Rosada afirmó, sin dar ningún detalle, que Lijo aclaró “sólidamente” todas las advertencias sobre su “falta de aptitudes morales e intelectuales, habilidades y/o experiencia”. Esas impugnaciones apuntaban a las sospechas y denuncias que el juez acumuló a lo largo de los años sobre su patrimonio y el manejo de causas, pero también al hecho de que su formación profesional y académica nunca excedió el derecho penal ni alcanzó el constitucional, materia propia de la Corte.
“La norma aplicable ha sido incumplida en aspectos a todas luces esenciales, lo que invalida el procedimiento y hace necesario regularizarlo, cumpliendo con cada una de las omisiones señaladas y dando a la ciudadanía la posibilidad de presentarse a formular su apoyo o impugnación a la propuesta del Dr. Lijo, pero con pleno conocimiento de los recaudos omitidos, por caso, su situación patrimonial así como sus descargos ante las muy graves críticas que le han sido efectuadas”, concluye la presentación de Rejia.
El documento dirigido a Milei y Villarruel lleva las firmas del Colegio de Abogados de la Ciudad, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana, Usina de Justicia, Entre Ríos sin Corrupción, Profesores Republicanos, Fores, Poder Ciudadano y los juristas y académicos Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Enrique Vega, Alberto Fidel Cohan, Ezequiel Nino, Alejandros Drucaroff y Marcelo de Jesús.
