Este lunes, el presidente del Consejo de la Magistratura porteña, Enzo Pagani, expuso frente a legisladores de la Comisión de Presupuesto de la Ciudad los fundamentos del proyecto de Ley de Presupuesto para el Año 2017, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña y contó con la presencia de los consejeros Alejandro Fernández, Juan Pablo Godoy Vélez y el Administrador General, Alejandro Rabinovich, entre otras autoridades.
Allí, Pagani puntualizó en cuatro grandes aspectos que sirven para definir la Planificación Estratégica de este organismo. Entre ellos, se detallaron las cuestiones relacionadas con la selección de magistrados y las funciones disciplinarias como uno de los puntos centrales; la administración de recursos que a través de la Legislatura otorga el Poder Ejecutivo para la administración de justicia; el Fortalecimiento Institucional; y la transferencia de competencias de Nación a Ciudad.
Pagani destacó que el Consejo tiene dos grandes focos centrales de funcionamiento, como lo que establece la Ley 7 que ampara “la necesidad de contar con los recursos necesarios para poder garantizar el acceso a la justicia como una de las pautas centrales a la que hace definición nuestra Constitución”, y a la Ley 31 vinculada a la independencia judicial que garantice “un servicio de justicia eficaz”.
Asimismo, puso en valor que en la actualidad este organismo cuenta con 3 concursos en trámite entre los que se encuentran un juez de Cámara y un Asesor Tutelar para el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, y un defensor de primera instancia para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Respecto a esto destacó que esta área tendrá una “enorme incidencia de carga de trabajo” debido a que la misma tendrá que ver con la decisión de traspaso.
Así, en referencia a la cuestión edilicia, se presentó un cuadro comparativo entre los años 2010 y 2016, que evidenció la optimización de los recursos del Estado a fines de mejorar la prestación de servicio de justicia. En este marco, hace 6 años atrás, este organismo contaba con un 46 por ciento de inmuebles propios, un 34 por ciento de inmuebles alquilados, y un 15 por ciento era utilizado en concepto de cesión. En la actualidad, estos números se han modificado favorablemente, alcanzando un 73 por ciento de inmuebles propios del Consejo de la Magistratura y solamente un 27 por ciento son alquilados. Esto deja de manifiesto la política de patrimonialización encarada por el Consejo de la Magistratura.
Cabe señalar que el anteproyecto del Presupuesto 2017 incluía una solicitud de un crédito específico vinculado a esta política, para afrontar este lineamiento estratégico, el cual no fue concedido por el Ministerio de Hacienda. Frente a esta situación el presidente del Consejo le solicitó a los legisladores su intervención a la hora de contemplar el proyecto dentro del recinto.
El titular del Consejo aprovechó la ocasión para instalar sobre la mesa de debate, que al momento de hablar de Recursos Humanos y política salarial “uno de los puntos incluidos en el anteproyecto que han sido recortados y restringidos a la hora de ser elevados a Legislatura por cuestiones de Hacienda, tiene que ver con saldar una deuda histórica que se refiere a un sistema de liquidación diferente que sucede entre el Tribunal Superior de Justicia y todo el resto del Poder Judicial”. Respecto a esto, subrayó que frente al escenario de traspaso que se está encarando no es un dato menor una equiparación absolutamente necesaria “por una cuestión básica de principios del derecho laboral, público y administrativo”.
