La medida judicial abarca el período del inicio del 2016 hasta fines del año pasado. El magistrado además rechazó hacer una inspección judicial a la quinta de Olivos.
Se trata de parte de las medidas de prueba que el fiscal federal Ramiro González le había solicitado al juez este miércoles cuando imputó formalmente a Fernández por los delitos de lesiones leves y graves doblemente agravadas por el vínculo y por amenazas coactivas.
El período de las llamadas van desde 2016, cuando Yañez relató que fue obligada por Fernández a hacerse un aborto, hasta fines de 2023, año en el que según denunció la ex primera dama siguió el hostigamiento. También fue el final del mandato presidencial de Fernández.
El fiscal quería conocer todas las llamadas que habían recibido Yañez y Fernández pero la querella de la exprimera dama, a cargo de la abogada Mariana Gallego, pidió que a los fines de la causa se limiten a las comunicaciones entre ellos dos.
No revisarán la Quinta de Olivos
En tanto, el juez rechazó “una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos”, tal como había pedido la Fiscalía. El magistrado entendió que hoy ese medida no es conducente para el estado de la investigación.
Entre otras medidas, el fiscal también citó como testigos a seis personas, cuyas fechas de declaración se terminaban de definir y que en principio comenzarían la semana que viene. Los convocados a declarar son María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos, y la periodista Alicia Barrios. Fabiola Yañez dijo que todos de distintas formas sabían de las agresiones que estaba sufriendo, También fue citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.
El fiscal describió en la imputación que Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.
Rívolo pidió que el celular de Fernández -secuestrado en la causa de violencia de género la semana pasada- sea peritado en el caso de los seguros. Su teléfono no había sido secuestrado en el marco de la causa de los seguros cuando otros investigados, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa Cantero, fueron allanados.