La legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, aseguró que el femicidio Úrsula Bahillo “pone de manifiesto la necesidad de que las jurisdicciones implementen cuanto antes políticas públicas con perspectiva de género y, en particular, destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. El Ni Una Menos debe ser una política de Estado que llegue a todos los rincones del país”.
Para Velasco, “si bien hubo avances significativos en el plano nacional -ahora tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, un organismo jerarquizado para llevar adelante políticas públicas, que además aumentó el presupuesto multiplicándolo por mil, y por primera vez en nuestra historia se aprobó un presupuesto nacional con perspectiva de género-, necesitamos que todos los distritos hagan lo propio”.
“El año pasado en la Ciudad nos quedaron pendientes varios proyectos que tienen que ver con este tema y muestran los límites que tenemos en las propias jurisdicciones para poder avanzar. Por ejemplo, presenté una iniciativa para crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente tenemos una dirección sumamente desjerarquizada y con un presupuesto muy pequeño”, contó.
Otro de los proyectos impulsado por la legisladora que aún no logro su aprobación es el que declara la emergencia por violencia de género en territorio porteño, que además integra a otro de la Defensoría del Pueblo porteña que propone la creación de un registro único de casos que permitiría un mejor seguimiento de cada uno en relación a la cuestión judicial y de las fuerzas de seguridad, por ejemplo en aquellos donde existen denuncias. En la misma situación se encuentran la Ley Bety de promotoras de género y diversidad contra la violencia en los barrios y la que establece la instalación de nuevos Centros Integrales de la Mujer (CIM).
Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, entre el 1 de enero y el 9 de febrero del 2021, se cometieron en nuestro país 38 femicidios: uno cada 25 horas. Cinco de las víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y 3 tenían medidas de protección. El 70 por ciento fueron cometidos por parejas o exparejas y el 12 por ciento de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad.
“Es fundamental que las leyes Micaela sean de cumplimiento efectivo; capacitar en género a la Justicia y fuerzas de seguridad para garantizar el Ni Una Menos. También necesitamos que las leyes de Educación Sexual Integral se conviertan en verdaderas políticas públicas con presupuesto y se garanticen los espacios de formación docente para que cada vez más sean más los maestros y maestras que se animen a llevan a delante proyectos pedagógicos institucionales con ESI”, expresó la legisladora.
“Es ahora el momento de activar políticas públicas en los tres poderes del Estado desde una perspectiva de género a lo largo y ancho del país. Ya avanzamos en leyes, avanzamos en presupuesto, pero nos falta avanzar dentro de cada una de las jurisdicciones”, finalizó Velasco.