En pleno Almagro, se encuentra el estudio jurídico 420. Si uno no está familiarizado con la jerga del mundo del cannabis, probablemente, ese número pase desapercibido. La expresión “cuatro y veinte” -además de ser el título de la canción pegadiza de la trapera Emilia Mernes- hace referencia al veinte de abril, fecha en la que se celebra el cultivo y consumo de la marihuana. “Somos una firma que brinda asesoramiento en todo tipo de proyectos relacionados con el cannabis en la Argentina”, se autodenominan. Pero este no es el único servicio que proveen. Al mejor estilo speakeasy, detrás del pintoresco estudio, se encuentra el laboratorio mejor conocido como “Don Marcelino y los Cocos” que, a diferencia de los bares durante la Ley Seca, es legal. Declarada como una ONG de la salud, este emprendimiento gestiona y controla cultivo de cannabis sativa producido exclusivamente para fines medicinales.
Este tipo de proyectos cobraron mayor visibilidad en el 2017, cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.350 sobre el Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. Esta ley fue el primer paso en la batalla por la legalización de la marihuana. Ese mismo año, el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, amplió dicha ley y contempló el autocultivo. Y en el 2020, la Legislatura porteña declaró “de interés sanitario las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la planta de cannabis y sus derivados”, según reza el texto de la ley. Sin embargo, aún siguen existiendo zonas grises.
Leandro Halperín, autor de la Ley de Cannabis en la Ciudad de Buenos Aires, conversó con Noticias Urbanas (NU) y se mostró preocupado por el desamparo que crea la actual legislación nacional. “El 80% de las causas que se inician por drogas son por usuarios de cannabis. Se generan situaciones de criminalización que la Ley no prevé”, sostuvo el ex legislador radical. “Creo que se asocia al cannabis con otras sustancias mucho más peligrosas para la salud por el mero hecho de que está prohibida. Pero en cuanto a su intensidad, el tipo de daño que provoca, el riesgo de adicción, que si bien existen, estos debieran estar equiparados al alcohol o al tabaco”, afirmó Halperín.
Los fundadores de “Don Marcelino y los Cocos” coinciden con esta visión. “Lo que nos falta es poder ser un usuario de cannabis sin sentir miedo de ser perseguido”, declaró Juan Manuel Palomino, abogado y socio fundador del estudio 420 a NU. “El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó un fallo que insta a la Argentina a cesar las detenciones basadas en el olfato policial”, continuó Palomino.
Juan Manuel Palomino (izquierda); Miguel Mike Urrere y Maximiliano Carlinis (abajo derecha).
Estas declaraciones, lejos de replicar la realidad constitucional, obedecen a una doctrina política que se resiste al cambio. “Los principales obstáculos provienen del Ministerio de Salud de la Ciudad”, aseveró Halperín. Según el militante radical, la obra social de la Ciudad de Buenos Aires (obsBA) sigue rechazando el uso del cannabis. Como consecuencia, los pacientes tienen que presentar amparos, lo que demora la entrega de sus medicamentos.
“La Ley que existe en la Capital Federal fue votada por unanimidad. Eso significa que todos los legisladores votaron a favor de la regulación del cannabis”, sostuvo Halperín. “Por lo tanto, es inadmisible que un político se niegue a llevar adelante la voluntad del pueblo”, dijo el ex legislador porteño haciendo referencia a Fernán González Quirós. “Además, es ley. No es un decreto que, como cualquier otro puede ser reemplazado. Es ley”, insistió el político radical. Por otra parte, tanto Halperín, como los fundadores de la ONG reclaman mayor personal en el Registro del Programa Cannabis. “Tenés que renovar cada un año y volver a hacer todo de nuevo”, explicó Maximiliano Carlinis, Presidente de “Don Marcelino y los Cocos”, a NU. “Hay gente que está hace más de dos meses esperando que le aprueben el trámite. Eso implica más de dos meses sin que se puedan fabricar los medicamentos para los pacientes”, asegura Carlinis.
La ONG implementa una técnica de cultivo basada en la hidroponia y suelos de coco.
Claudia Neira, legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT), también se sumó a esta causa y actualmente, se encuentra trabajando en un proyecto de ley que busca ampliar el desarrollo científico y la producción del cannabis. A diferencia de la ley presentada por el radical Halperín, este proyecto establece la creación de una Sociedad del Estado llamada CannaBA S.E. Neira concuerda con la idea de que en la Ciudad no está siendo implementada la ya sancionada Ley 26.349. “En ese contexto, entendemos que el mundo del desarrollo del cannabis es tan complejo y específico que para hacerlo de una forma eficiente y que tenga buenos resultados necesitamos una entidad que tenga como objetivo prioritario este tema”, declaró la legisladora en diálogo con NU.
Sobre por qué considera que el Estado debe ser el principal agente, Neira respondió que dado que los productores de cannabis no están unificados de manera internacional, el sector privado es todavía reacio a generar grandes inversiones. “Dado ese contexto, el Estado tiene la oportunidad de ser pionero en el desarrollo científico y generar genéticas estables para el uso terapéutico, por citar un ejemplo”, declaró Neira.
A pesar del avance de esta clase de proyectos, la comunidad cannábica sigue demandando la legalización total de la marihuana. “La criminalización es un desacierto desde todo punto de vista”, aseguró Halperín. “En primer lugar, revictimiza al consumidor al mismo tiempo que fomenta y consolida a los mercados ilícitos. En segundo lugar, favorece la corrupción policial y, como consecuencia, distrae recursos para la Seguridad que es algo que precisamos como el agua”, explicó el radical. Según Halperín, en la Ciudad de Buenos Aires el 30% de la jornada laboral de un policía está destinada a crímenes de drogas y que más del 80% es por usuarios de cannabis. “Estamos diciendo que la lucha contra las drogas es una falacia”, insistió el ex legislador.
Por otra parte, se pierde un beneficio económico. “Esto viene desde la época de Belgrano, cuando se planteó el cáñamo como una actividad industrial que podía generarle recursos al país”, sostuvo Alejandro Maronna, socio fundador del Estudio 420. “El caso de Uruguay ilustra muy bien los beneficios económicos que se pueden generar”, agrega el Presidente de “Don Marcelino y los Cocos”. “Entre el 2019 y 2020, la industria uruguaya de cannabis registró ganancias de más de siete millones de dólares”, ejemplificó Carlinis. A pesar su malestar por la ambivalencia que genera la normativa, el Presidente de la ONG cree que es solo cuestión de tiempo hasta alcanzar la despenalización total de la marihuana que hoy, en discordancia con la Ley 26.699 y los decretos asociados a ella, sigue figurando como “sustancia peligrosa” en la Ley Penal.
Miguel Mike Urrere, creador junto a Mauro Eyo del podcast PORRO y Master Grower de la ONG, sostiene que gran parte de la sociedad sigue descalificando a los emprendimientos cannábicos por culpa de prejuicios que la cultura instaura. “La gente se imagina que, por trabajar con cannabis, estamos todo el día fumando”, afirmó Mike Urrere. “Acá, se trabaja con el mismo compromiso que una persona en cualquier otro trabajo que conlleva una responsabilidad. Y de hecho, necesitás estudiar y capacitarte para cultivar estas plantas que requieren de riego y cuidado todos los días”, aseguró.
Mientras tanto, los clubes siguen proliferando a pesar de que no haya una jurisprudencia que los ampare. Tal como dijo Palomino, todas las cuestiones revolucionarias se anteponen a la norma.
