En una fuerte decisión judicial que sacude el Gobierno Nacional de Javier Milei, la Cámara Federal de Casación Penal revocó una medida de la Cámara Federal de Apelaciones y, con ello, procesó por corrupción al director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili, quien se encuentra acusado de cometer “negociaciones incompatibles con la función pública” durante su gestión en el macrismo, cuando se desempeñaba como secretario del actual ministro de Economía Luis Caputo.
Desde la Sala II, los magistrados Alejandro Slokar y Angela Ledesma, sin el voto del restante Guillermo Yacobucci, confirmaron la revocación del retroceso del procesamiento a Bausili y dejaron firme la medida contra el socio de “Toto” Caputo y exdirigente macrista el martes.
El funcionario está investigado por presuntos hechos de corrupción en operaciones financieras en la toma de deuda durante la administración de Cambiemos en el rol de secretario de Finanzas.
Los miembros de Casación Penal respaldaron así la acusación contra el director del Banco Central por llevar adelante “negociaciones incompatibles con la función pública”. Por lo demás, se trata de un nuevo procesamiento que recae sobre Bausili, quien ya fue sancionado con dos medidas de esa índole por parte del juez Sebastián Casanello por las reuniones privadas que habría realizado el dirigente para la colocación de deuda pública.
El mecanismo le habría servido a Bausili para conseguirle beneficios millonarios a la empresa Deutsche Bank, de la que fue directivo, ya que incluiría una presunta intermediación de la compañía en las operaciones acarreadas desde el entonces ministerio de Finanzas de Caputo. Los arreglos le habrían permitido a la firma obtener comisiones extraordinarias sin perjuicio del impacto que las maniobras le provocaron al Estado Nacional, cuya deuda saltó cerca de 100 mil millones de dólares en el proceso.
El dictamen golpea con fuerza al Gobierno libertario, que suele jactarse de poseer funcionarios “limpios” y ajenos a los comportamientos de la tan denostada “casta”.
Irónicamente, el procesamiento de Bausili deja al dirigente en una lista de funcionarios que podrían verse imposibilitados a continuar en sus puestos si se aprueba la “Ley de Ficha Limpia” que el antiperonismo busca sancionar para prevenir que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) ocupe cargos públicos. De este modo, el funcionario mileísta sería el primero en caer gracias a la normativa.
¿Qué se investiga?
El objeto de la causa se dirige a operaciones financieras cometidas mientras Santiago Bausili se desempañaba como secretario del actual ministro de Economía Luis Caputo, durante el gobierno de Mauricio Macri, ambos fundaro la consultora Anker Latinoamerica S.A tras de su paso por la función pública en aquellos años.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Federico Delgado y en base a ello el juez Sebastián Casanello lo procesó en dos oportunidades al constatar que en su calidad de secretario de Finanzas encabezó gestiones oficiales -entre las cuales se destacaron reuniones privadas con compañeros de trabajo- para la colocación de deuda pública por parte de entidades bancarias.
La maniobra en cuestión redundó en un beneficio por sumas millonarias a su exempleadora, la firma Deutsche Bank, quién habría actuado como intermediaria financiera y percibido considerables comisiones, a la vez que le generó al Estado un incremento récord de su deuda que ascendió a los u$s100.000 millones.
Las conductas llevadas a cabo por Bausili se encuentran expresamente vedadas por el art. 13 de la ley n°25.188 –que regula la ética en el ejercicio de la función pública- la cual determina que resulta incompatible con el ejercicio de la función pública: “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
La causa se instruye ya que al momento de desempeñarse como secretario de finanzas Santiago Bausili continuó percibiendo acciones y bonificaciones del banco por el equivalente aproximado de u$s200.000, viendo afectada la independencia para tomar decisiones en pos del interés público y actuando como representante de las entidades bancarias en el gobierno.
El art. 265 del Código Penal de la Nación prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario público que: “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Además, contempla la aplicación de una multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido.