A veces los refranes se quedan cortos, no alcanzan a describir la insólita realidad, porque la realidad –¿será este otro refrán?– a veces supera la ficción. En la edición Nº 351, del 28 de junio de este año, Noticias Urbanas relataba minuciosamente la mecánica de una verdadera paradoja –el popular “En casa de herrero, cuchillo de palo”– al servicio de la administración macrista de la Ciudad.
El mediodía del 29 de mayo, tres empleados de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico que conduce Francisco Cabrera, sufrieron una intoxicación por ingesta de monóxido de carbono en su lugar de trabajo, el subsuelo de un edificio antiguo ubicado en Bartolomé Mitre 575, donde opera desde hace unos meses el área dirigida por Ezequiel Sabor, designado en su función hace poco más de un año. De allí en más, la historia se torna, a cada detalle, más escabrosa, inverosímil.
Para empezar, a casi seis meses de aquel episodio, que es solo la punta de un iceberg de irregularidades, hay que decir que nada cambió: la Subsecretaría, que ostenta el poder de policía y está destinada a garantizar el cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la 19.587, y su decreto reglamentario, el 351/79, es la que sistemáticamente la viola, con el agravamiento de que lo hace incluso puertas adentro. Así las cosas, Pity Álvarez podría cantar que todo está igual de mal. O peor, todo está peor.
El 5 de mayo, la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), nucleada en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), había enviado una comunicación al personal de la Subsecretaría y a sus autoridades alertando sobre el posible desenlace, ya que el área funciona, junto a la Dirección General de Protección del Trabajo, en lo que tiempo atrás fue un banco, que nada tiene que ver con la estructura edilicia de un edificio público.
En ese sentido, dicen los inspectores que allí se desempeñan, sotto voce, porque el hostigamiento también es lo que allí sobra, la construcción se adecúa más bien a la de un shopping. Al estar al ras del pavimento, su oxígeno está viciado. Y así, lo infrahumano se profundiza hasta el paroxismo: como si se tratara de extraños anfibios, los empleados tienen que salir para poder respirar.
El día de la descompensación de los trabajadores se solicitó la clausura del lugar y dos días después se le pidió a Sabor una reunión con carácter de urgente, en momentos en que también se dio el desborde de fluidos cloacales a raíz de la saturación de los sanitarios.
¿La respuesta? Silencio de sepulcro. Después, se probó mejor suerte con el ministro, requiriéndole atención al asunto. Y luego, fechadas en 14 y 24 de junio, se le envió carta documento para que actuara a la brevedad. Mala suerte. Una vez más, nada. Entonces, al estar en conocimiento de la peligrosidad de la situación, la falta de las autoridades es doble.
Tiempo después, por la sostenida negativa a implementar estructuras, procedimientos administrativos y protocolos operativos, sobrevino la denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dando a conocer, a su vez, que en el anterior domicilio de la Subsecretaría, en Lima 221, las condiciones de seguridad e higiene también eran deplorables.
Las dos visitas técnicas del organismo al edificio de Mitre 575, tanto el 29 de agosto como el 2 de octubre, resultaron infructuosas, ya que el director general de Relaciones Laborales, Ezequiel Jarvis, en ocasión de la primera, y el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, durante la segunda, adujeron que el subsecretario se encontraba de viaje o directamente no estaba en el edificio, por lo cual preferían que la visita se realizara en su presencia, anulando, de ese modo, el acceso de miembros de la Defensoría al subsuelo.
El 13 de septiembre, los legisladores Alejandro Bodart, de MST en Proyecto Sur, y Laura García Tuñón, del bloque Buenos Aires para Todos, elevaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo, que van, por caso, de la descompensación de los tres empleados de la Subsecretaría a la habilitación del edificio.
En su respuesta, sin más, el Gobierno desconoce los hechos del 29 de mayo. Por eso, se entiende, no se efectuó la correspondiente denuncia ante la ART. Sin embargo, reconoce que ese mismo día la empresa Metrogás cortó el suministro de gas en el edificio, pero que sus razones “fueron totalmente emancipadas” de la intoxicación de los trabajadores.
Lo que no se explica, en consecuencia, es la asistencia de personal de Defensa Civil, que sí el GCBA asume como dada. En rigor, durante esa jornada intervinieron tres ambulancias del SAME, efectivos de la Policía Federal y también bomberos, además de Defensa Civil y Metrogás. Pero admitirlo sería dar por cierto el episodio, y así la bola de nieve empezaría a rodar. A rodar en contra.
Noticias Urbanas accedió en forma exclusiva a correos electrónicos emitidos desde casillas del GCBA dirigidos a un tal Pablo Oliva, quien alquilaría en nombre del Estado porteño el inmueble de Mitre 575. “Estaríamos necesitando contar con la habilitación del edificio Mitre; si es que el mismo cuenta con habilitación vigente o bien alguna anterior que habilite el uso del mismo o bien nos permita encarar una nueva”, se solicita en el e-mail del 10 de octubre emitido desde la cuenta nprat@buenosaires.gob.ar.
Dos días después, Germán Cuenca reitera sin éxito el pedido del arquitecto Néstor Prat, desde la casilla gcuenca@buenosaires.gob.ar. Dicho en criollo: la habilitación no aparece sencillamente porque no existe.
PONLE SABOR, ÉCHALE CANDELA
Vayamos ahora a las cuestiones que hacen del edificio de Mitre 575 un potencial Cromañón. En la respuesta que el GCBA eleva respecto al pedido de informes de la Legislatura se expresa que el edificio “cuenta con instalaciones de prevención de incendios; está provisto de un sistema central de detección de alarma (…); no existe ni se realiza guarda de materiales altamente combustibles que difieran de los autorizados”.
Ahora bien, ¿qué pasa con las mangueras hidrantes que no están, con los inmensos cestos repletos de papeles que ocupan gran parte de los pasillos? ¿Y qué sucede con las escaleras caracol que no respetan las dimensiones estipuladas, con los molinetes, resabios del antiguo banco, que obstruyen la salida ante cualquier emergencia?
“El edificio cumple con los sistemas de ventilaciones naturales y mecánicos correspondientes”, sigue la respuesta oficial, aunque “no se cuenta con documentación técnica de los sistemas”. A pocas palabras, buen entendedor. Y mal funcionario. Es que el edificio no sólo no dispone de habilitación: tampoco exhibe la aprobación del sistema contra incendio, incumpliendo con los requerimientos de protección; no da a conocer el plan de evacuación presentado ante Defensa Civil y no respeta las condiciones de seguridad de ascensores con su respectiva documentación.
Edgardo Castro, delegado general de ATE, químico, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Dirección General de Protección de Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo del GCBA, enumeró en diálogo con Noticias Urbanas las deficiencias más salientes del estado del inmueble en donde funciona la Subsecretaría: “Las instalaciones de gas y electricidad no están hechas como corresponde, el cableado eléctrico está a la vista, el ancho de escalera no es el reglamentario; no hay escalera de emergencia como tampoco de salida. En el edificio hay alto riesgo de incendio y claramente no se podría evacuar a un discapacitado motriz en las condiciones actuales. Es evidente que el seudosimulacro de evacuación de fines de agosto fue una farsa, que no participaron 350 personas como indica el Gobierno, y dejó en claro, además, la precariedad estructural del organismo”.
Ante semejante descripción, que se condice punto por punto con el material fotográfico que Noticias Urbanas también publica en exclusiva, este medio intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, a su despacho y a su línea personal, recibiendo siempre una cerrada negativa para aceptar una comunicación.
PUERTAS ADENTRO Y PUERTAS AFUERA
“Esta gestión se mueve en la impunidad. Quienes no responden a ella directamente no salen a hacer inspecciones.
Sabor es un déspota. Amenaza a los trabajadores con quitarles premios, vacaciones, retrasarles el pago del sueldo o con despedirlos. Por eso ninguno quiere hablar y mucho menos los que sufrieron la intoxicación”, expone Bodart.
Castro, por su parte, menciona la friolera de 29 derrumbes en los últimos 20 meses, pese a las insistentes denuncias de la Uocra y la voluntad de los profesionales de la Subsecretaría de intervenir, a quienes se les niega tal posibilidad y, en cambio, se los persigue. Y cuenta Castro, a quien por estos días le impiden ingresar en su lugar de trabajo: “Somos 550 en el área. Hay siete inspectores, de los cuales dos no tienen título habilitante, y hay otros siete contratados, truchos, que son los que salen a hacer las inspecciones. La estructura de coimas está institucionalizada y a la vista. Y a nosotros nos someten a la precariedad laboral, empezando por los contratos basura”. Y concluye: “¿Qué puede garantizar para afuera la Subsecretaría, si no lo puede garantizar hacia su interior?”.
Respecto al edificio de Lima 221, las autoridades aducían en su momento que carecía de sentido realizar allí nuevas inversiones para mejorar las condiciones de seguridad, dado el inminente traslado de la Subsecretaría a Mitre 575. Ahora resultó que el inminente traslado no era tal, ya que hasta efectivizada la mudanza, durante dos años se pagó un alquiler que osciló los 80 mil dólares mensuales por el inmueble actual. “Cualquiera puede darse cuenta de que detrás de esto se esconde un gran negocio”, sugiere Bodart.
LA DENUNCIA PENAL
Hace unos días, Bodart, junto al secretario de Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo de la CTA, Sergio García, radicaron una denuncia penal en el Juzgado Correccional Nº 12, a cargo del magistrado Raúl Lucía, contra el subsecretario de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, Ezequiel Sabor; el director general de Protección del Trabajo, Fernando Ezequiel Macchi, y la directora operativa del área, Alicia Vázquez, quien a la fecha no posee título secundario acreditado ni antecedentes que la habiliten para ejercer tal función, en virtud de los artículos 248 y 249 del Código Penal que sancionan la violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Veremos, entonces, si será justicia o será refrán.
QUÉ SE DENUNCIA
Además de lo ocurrido el 29 de mayo, en la denuncia se dan a conocer los resultados del relevamiento de la Junta Interna de ATE, a partir de los cuales se deduce que el sector de subsuelo, cuyas características no se adaptan a las tareas operativas, pone en riesgo la integridad física y psicológica de los trabajadores:
*El sistema de inyección de aire tiene sus tomas desde el exterior sin ningún tratamiento previo.
*Se observan, en las toberas de salida, incrustaciones de material carbonoso.
*Las características constructivas del edificio responden a las condiciones ambientales de varias décadas anteriores.
*La superficie de las puertas de salida del subsuelo no compensan la relación volumétrica del mismo.
*El sector de archivo corresponde a la bóveda del tesoro de un banco, el cual, por razones obvias de construcción, no dispone de ningún conducto hacia el exterior, no existiendo ningún sistema de ventilación.
*No se verifican en el edificio vías de canalización de aire al exterior.
*No existe plan de evacuación, planos de evacuación, puertas de seguridad, anchos de salida y carga de fuego, es decir, no se cumplen con las condiciones básicas de protección contra incendios (sectorización, medios de escape, condiciones de extinción).
*No se verifican servicios sanitarios adecuados, en cantidad proporcionada al personal.
*No existe vestuario para el personal.
*Negativa del personal jerárquico de que los trabajadores almuercen en sus puestos de trabajo ante la inexistencia de un comedor.
*Falta del local destinado al servicio de Higiene y Seguridad.
*Falta de certificación analítica del agua de consumo para el personal.
*No se adecuan las condiciones de ventilación a las exigencias normativas, así como tampoco las de iluminación ni la señalización de seguridad.
*Se verifican cables e instalaciones eléctricas no conformes a la normativa legal.
*La instalación eléctrica no posee un adecuado sistema de protección y puesta a tierra.
*No se capacita a los trabajadores en ninguno de los riesgos potenciales.
Por Romina Sanchez
