El Gobierno está trabajando en dos decretos que espera que culminen gran parte del ambicioso proyecto desregulador que inició el presidente Javier Milei desde su llegada al poder. Con uno de estos decretos, se buscará derogar cientos de miles de normativas de diversas índoles; el otro, tiene como objetivo reducir aún más el tamaño del Estado. Estas propuestas ya están en marcha en los pasillos técnicos y cuentan con el pleno respaldo del presidente Javier Milei, quien, de hecho, es el mayor promotor de la “desregulación más significativa de la historia”, como se le ha escuchado expresar en conversaciones privadas.
El nuevo decreto, que se dará a conocer en breve, representa una auténtica transformación legal que busca anular cientos de miles de normativas acumuladas en la historia de Argentina. Internamente, se le conoce como el proyecto “digesto”, y es impulsado directamente por el Presidente con el respaldo técnico del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
El panorama que se está desarrollando es un conjunto de decisiones oficiales que se han materializado a través de diversas normativas. Argentina ha acumulado 42.000 leyes, 700.000 decretos y 220.000 circulares o resoluciones. “Solo dejaremos lo que realmente se utiliza, siempre que ninguna norma esté asociada a nombres específicos. El resto será derogado”, manifestó, mostrando un claro entusiasmo, esta fuente.
Es importante destacar la situación de los decretos. Los especialistas involucrados en este tema descubrieron que solo 70.000 de esos 700.000 decretos están digitalizados. ¿Y el resto? No se tiene un conocimiento claro sobre su contenido y regulación, pero están vigentes.
Mientras se examinan estos numerosos decretos, desde el Ministerio de Desregulación del Estado se solicitó a cada una de las carteras y organismos descentralizados que informen sobre las normas que aplican realmente. “Luego se evaluará qué regulan y se decidirá si permanecen o no. Es importante considerar que hay muchas disposiciones que solo son conocidas por aquellos que se benefician de ellas. Solo quien tiene el negocio sabe que funcionan”, comentaron en un despacho de la Casa Rosada.
De esta manera, cada ministerio formulará su propio conjunto normativo con todas las herramientas legales que utiliza en su actividad diaria. La combinación de todas ellas dará lugar al “digesto”, una especie de compendio de todo lo que se mantendrá vigente. Lo demás, será anulado.
“Será la más asombrosa desregulación en la historia de la humanidad. No hay un precedente similar. Quizás deberíamos mirar hacia la caída del Muro [de Berlín, y la consiguiente desaparición de la Unión Soviética]. Sería cuestión de analizarlo. Sin embargo, es diferente porque allí se extinguió todo. Aun así, será algo extraordinario”, se le oyó decir a un entusiasta Milei en un momento de confianza. Habrá que hacer una comparación con ese ejemplo cuando se determine el alcance del “digesto”, pero seguramente será la desregulación más relevante de Argentina.
El Presidente ya comunicó a su equipo que no le incomodan los descontentos que pueda generar la masiva derogación de normativas. Lo que no está dispuesto a hacer es retroceder en alguna decisión que pueda proporcionar argumentos válidos a los perjudicados. En otras palabras, nadie se preocupa por eliminar regulaciones obsoletas, desmantelar estructuras burocráticas o eliminar ciertos kioscos sustentados por normativas específicas. Lo que Milei no desea, y esto es lo que ha transmitido a sus funcionarios, es desconocer cada norma que se derogue para que alguna queja posterior no tenga fundamentos sólidos. De ahí la meticulosa labor de recopilar la gran cantidad de decretos que aún no están digitalizados. “Es fundamental saber qué se está derogando”, confesó una fuente cercana al proyecto.
En 2014, Argentina presentó el Digesto Jurídico Argentino, que fue convertido en ley con el número 26.939. Ese esfuerzo, cuyos primeros resultados se dieron a conocer en 2011, fue más un sistema de compilación que de depuración. “El sistema jurídico argentino abarcaba 32.204 leyes. Bajo esas condiciones, ningún ciudadano podía conocer sus derechos”, destacó en su momento el ministro de Justicia y actual intendente de La Plata, Julio Alak. El digesto, afirmó, “es una obra monumental que consolida 158 años de legislación argentina”.
La intención del Gobierno es mucho más abarcadora que la mera compilación, ya que se propone una revisión y posterior derogación masiva. Además, va más allá de las leyes e incluye decretos, circulares y resoluciones.
Los plazos, como se mencionó, dependen principalmente del trabajo minucioso de compilación de decretos no digitalizados. Sin embargo, por razones legales, intentarán que todo esté listo antes de que se cumpla el año de vigencia de la ley Bases, es decir, el próximo 9 de julio. Esto se debe a que entonces se extinguirán las facultades delegadas que posee el Presidente.
“Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año. Se delegan en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades establecidas por esta ley, relacionadas con áreas específicas de administración y emergencia”, establece la ley. “Existen muchas acciones que se pueden realizar más allá de la delegación de la ley Bases, pero de todas formas, buscaremos cumplir antes. Toda derogación de leyes requiere de dicha delegación”, aseguran en el Gobierno.
Menos Gobierno
La otra norma que se está elaborando es un decreto destinado a reducir el tamaño del Gobierno. Esta vez, no solo se busca disminuir el número de empleados, sino también reformar la estructura existente. Esta iniciativa es bastante más discreta. “Nadie quiere perder parte de su ministerio o de su departamento. Por lo tanto, es necesario abordar el tema de una manera diferente”, revela un funcionario involucrado en el decreto correspondiente.
La Ley Ómnibus, en su artículo 3°, otorga al Poder Ejecutivo las facultades para alterar toda la estructura gubernamental. De hecho, establece que podría “modificar o suprimir las competencias, funciones o responsabilidades legalmente estipuladas cuyo mantenimiento sea considerado innecesario”. También permite la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, así como la centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que se garantice la adecuada asignación de recursos mediante un acuerdo.
Uno de los aspectos que podría contemplarse en esta iniciativa es la disolución de Vialidad Nacional, al menos tal como se conoce hasta ahora. La propuesta del Gobierno es fusionar la empresa estatal Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el organismo vial. Se comenta en los corredores que hay una considerable duplicación de funciones. Todo este esquema pasará a conformar una agencia que tendrá autoridad sobre todas las rutas nacionales.
La vorágine desreguladora de la administración liberal está a punto de marcar otro hito, cuya profundidad y alcance aún no se han definido. La intención de la Casa Rosada es avanzar con un par de normativas que eliminen la estructura estatal y regulatoria de Argentina. A lo Milei.