El juicio contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía que se lleva adelante en Nueva York hace casi 11 años tuvo este viernes una sentencia.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, eximió de responsabilidades a YPF, pero culpó al Estado argentino, que deberá pagar indemnizaciones de entre US$7000 millones y US$19.8000 millones, según estimaciones de los fondos demandantes. La Argentina tiene dos instancias más para apelar el fallo adverso, pero igualmente deberá pagar una garantía.
Los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera en el momento de la estatización, ganaron con sus planteos de que, en aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51%.
Los demandantes sostuvieron que la empresa debería haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, según los estatutos de YPF y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en 1993.
“La República prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”, dijo Preska en el fallo.
Y agregó: “El Tribunal está de acuerdo en que el precio de oferta pública que la República [Argentina] habría estado obligada a ofrecer si la República [Argentina] cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes. Debido a que el Tribunal no puede identificar la fecha en la que República activó su obligación de oferta pública de adquisición, no puede determinar la fecha de notificación contractual y, por lo tanto, no puede cuantificar los daños compensatorios de los Demandantes”.
En la petrolera, dijeron: “Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes”.
Aunque en el expediente figure Petersen como demandante, el litigio contra YPF lo lleva adelante el fondo inglés Burford Capital, que adquirió al fisco de España el derecho a demandar al país y a la petrolera a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio.
Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en ese país, donde fueron constituidas por la familia Eskenazi -dueña también del Banco de Santa Cruz-, tras alegar que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Esos préstamos habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de las acciones. La familia Eskenazi dice que el Grupo Petersen, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.
YPF tiene hoy una valuación de mercado de US$8576 millones, según su cotización en la Bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta US$11,5, de las cuales el 51% está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol una indemnización de US$5000 millones por la estatización del 51% de las acciones.
La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa. Burford y Eton (el otro fondo que inició una demanda similar; Preska unificó ambos reclamos) piden un resarcimiento económico porque, al momento de llevarse a cabo la expropiación, el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones.
Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo accionista mayoritaria, la Argentina, había prohibido el reparto de utilidades.
YPF y el Estado argentino, por su parte, intentaron convencer a la jueza de que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial y que el proceso, además, se debería llevar adelante en los tribunales argentinos. La jueza rechazó este pedido en junio del año pasado, luego de que tres cortes estadounidenses –incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema– fallaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina.
