El legislador porteño, Marcelo Guouman (Evolución) presentó un proyecto de ley para regular el Transporte Privado de Pasajeros con Chofer y establecer las normas que regulan a los prestadores del servicio y a quienes ejerzan su administración mediante plataformas o aplicaciones de vinculación. Se trata de las plataformas que unen personas deseosas de prestar un servicio de transporte de manera lucrativa con otras necesitadas de transportarse de manera segura, rápida, eficiente y fácilmente accesible (Uber, Lyft, entre otros).
La iniciativa posa la mirada desde algunos aspectos sustanciales: la necesidad de regular un servicio que hoy se presta de manera informal, generando inequidades profundas en relación a los servicios de transporte ya establecidos, y competencias no reguladas por el Estado. Del mismo modo la iniciativa, sugiere la necesidad de pensar en el conjunto de los trabajadores que establecen una relación laboral aún extraña a la ley.
El proyecto propone algunas diferencias con anteriores iniciativas: Un límite al cupo de permisos que son además intransferibles, limitación geográfica para la circulación, prohibición expresa del arrendamiento del vehículo y se exige la inscripción en AFIP con su correspondiente pago actualizado.
Además, se establece la incorporación progresiva de autos eléctricos, se crea el Fondo de Movilidad Sustentable compuesto por el 3% de cada viaje para destinarlo a mejorar el tránsito y el medio ambiente en la Ciudad, a lo que se suma el valor de la recaudación por los permisos otorgados por el Gobierno de la Ciudad a las empresas administradoras. Dicho Fondo podrá utilizarse, también, para la devolución del valor de las licencias de taxis por los actuales propietarios que lo soliciten.
Asimismo, las empresas deberán mantener actualizado el listado de choferes, los viajes que realizan y deberán enviar esa información al Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, se establece la obligatoriedad de las empresas de tener domicilio fiscal en CABA e inscripción en todos los impuestos requeridos.
Entre los requisitos más destacables se ha establecido la necesidad de que los conductores sean propietarios de, al menos, un cincuenta por ciento 50% del vehículo. Esto diferencia la prestación, de las actuales modalidades existentes para vehículos de hasta cinco 5 plazas, que podían ser prestadas por un Conductor asistente.
Otro aspecto saliente es la antigüedad y valor del vehículo. Estableciendo el máximo de siete 7 años, a diferencia de los diez 10 años que establece la normativa para el Servicio de Transporte de Taxis.
Finalmente, tanto los choferes como las Administradoras de Plataformas son responsables solidarios por los daños que se ocasionen durante la prestación del servicio a los usuarios o a terceros en caso de un eventual siniestro.
“El transporte se encuentra en permanente innovación en el mundo y desde la Ciudad, en sintonía con estos cambios, pretendemos incorporar al marco normativo las nuevas formas de movernos, desalentando el transporte de autos particulares y priorizando el transporte colaborativo y los servicios de transporte público en complementariedad”, dijo Marcelo Guouman, autor de la iniciativa.
“Estamos atravesando una situación de absoluta irregularidad que perjudica a los consumidores por su falta de regulación y a los taxistas porque se ven perjudicados ante una competencia desleal. Necesitamos garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los prestadores y generar un ámbito de competencia leal con el resto de los servicios de transportes de pasajeros. Estas necesidades sólo se verán satisfechas con la regulación del Estado”, finalizó Guouman.
