Diez expresidentes de América Latina firmaron este miércoles una carta pública en la que solicitan al FMI que “asuma la responsabilidad” por haber otorgado en 2018 “el crédito récord” de 45 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri.
Según los firmantes, dicho monto fue girado “con el fin de beneficiarlo electoralmente y limitar a las próximas gestiones”, en referencia a la administración del Frente de Todos. También reclamaron “la eliminación inmediata de los sobrecargos del préstamo”.
Bajo la misma línea, consideraron necesario que el Fondo Monetario Internacional otorgue a la Argentina plazos que permitan “un crecimiento económico sin ajustes brutales ni restricciones fiscales” que sometan al empobrecimiento.
El reclamo se difundió a solo dos días de un nuevo vencimiento de la deuda con el Fondo, en este caso por 731 millones de dólares en concepto de amortización de capital, que la Argentina debería afrontar con las reservas si se opta por pagar.
El reclamo al organismo que encabeza Kristalina Georgieva reunió las firmas de personalidades de América Latina a partir de una iniciativa del Grupo Hermandad, por el cual varias figuras de la política latinoamericana planifican acciones conjuntas, coordinado por el vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde; el titular de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA); y el expresidente Lugo, de Paraguay.
El documento al que accedió Télam lleva la firma del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), el exjefe del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (España), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Manuel Zelaya (Honduras) y Leonel Fernández (República Dominicana).
También fue suscripto por dirigentes de la región como Celso Amorim (Brasil); la senadora Lucía Topolansky (Uruguay); el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez Ominami (Chile); el actual embajador de Bolivia en la ONU, Diego Pary; y los excancilleres Ricardo Patiño (Ecuador) y Jorge Lara Castro (Paraguay), entre otros.
Finalmente, el escrito se encuentra coronado por las firmas la actual vicepresidenta de Perú, Dina Boularte; miembros de los Parlamentos de la región, como los senadores paraguayos Jorge Querey y Esperanza Martínez (Frente Guasú), su par argentino Oscar Parrilli (FdT-Neuquén), el diputado uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio) y los parlamentarios del Mercosur Víctor Santa María (jefe del bloque del FdT) y Cecilia Britto (jefa de la delegación argentina).
Bajo “el FMI debe asumir su responsabilidad”, la carta pública comienza citando cita un fragmento de la misiva que el papa Francisco envió en abril de 2021 al FMI y al Banco Mundial por las reuniones de primavera (del Hemisferio Norte) de esos organismos.
El pontífice exhortó a respaldar el funcionamiento de los mercados con “leyes y regulaciones que aseguren que contribuyen al bien común, garantizando que las finanzaS funcionen para los objetivos sociales que tanto se necesitan durante la emergencia sanitaria”.
“Promover una política económica humanista es bregar por un modelo de vida más distributivo e inclusivo, que actúe pensando en los hombres y mujeres comunes; y cuestionar la concentración de la riqueza mundial por una pequeña minoría”, dice la carta.
Luego, y poniendo el foco en las consecuencias de un eventual acuerdo, la carta plantea que las condiciones para una reprogramación de los vencimientos de deuda de la Argentina no deben “someter al pueblo argentino a condiciones de empobrecimiento”.
La carta pública de este miércoles 26 de enero se sumó a otras intervenciones en respaldo al país frente a la encrucijada de la deuda, como la que hace veinte días realizaron los cancilleres de la Celac al concluir su reunión en Buenos Aires.
En un comunicado oficial, incluyeron un párrafo en el que dejaron constancia de su apoyo “a la Argentina en las negociaciones con el FMI para alcanzar un acuerdo que le permita continuar su recuperación, mejorar su situación social y refinanciar su deuda”.