El miércoles de la semana pasada, en la Legislatura de la Ciudad, se llevó adelante la audiencia pública por 31 inmuebles que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta vender. Durante la actividad, que se desarrolló de forma virtual, el Frente de Todos puso de manifiesto en reiteradas oportunidades la ilegalidad de la audiencia. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°2 del Poder Judicial de la Ciudad hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, mediante la cual se ordenaba a la Legislatura de la Ciudad su suspensión.
Todo ello en el marco de la causa «Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros contra GCBA sobre Amparo – Otros», Expediente n.° 5660/2020-0.
Luego de conocerse, la decisión judicial, el presidente del Observatorio, Jonatan Baldivieo, señaló: “La Legislatura, a través de la autoridad de la audiencia pública virtual del 12 de agosto, el legislador oficialista Claudio Romero, escenificó uno de los momentos más ejemplares de aversión a la democracia participativa e irrespeto por las instituciones. En una sentencia de más de 30 páginas, el juez Gallardo detalló cada unas de las conductas inexplicables adoptadas por el legislador para no suspender la audiencia pública como lo había ordenado la justicia llegando al extremo de no dar la palabra a la secretaria del juzgado para no ser anoticiado de que estaba violando una orden judicial. Por este motivo, se ordenó remitir el expediente a la justicia penal”.
Además, Baldiviezo agregó: “La forma de gobierno de la Ciudad de acuerdo a su Constitución es la de una democracia participativa. El derecho a participar de las instancias de participación ciudadana es tan importante como el derecho a votar. La exclusión de la ciudadanía de las audiencias públicas se asemeja a impedir el voto. De allí que la Legislatura aprobó las audiencias públicas virtuales siempre y cuando se garantice un espacio con internet y computadora para quienes no cuenten con estos bienes. Lo que se aprobó en mayo se borró con el codo una vez que se comenzaron a hacer las audiencias públicas ya que en ninguna de ellas se respetó este mecanismo incluyente”.
Baldiviezo también dijo que “las audiencias públicas virtuales pendientes no son urgentes para la Ciudad” y agregó: “Tienen por objeto proyectos de ley para seguir estimulando la especulación inmobiliaria en la Ciudad (modificación del Código Urbanístico), la venta de tierras públicas (26 inmuebles) y la incorporación de las tierras de algunas villas al mercado inmobiliario. El oficialismo tiene preferencia por estos temas relacionado con los negocios inmobiliarios y no para atender la emergencia sanitaria, ambiental, alimentaria, habitacional y económica que vive la Ciudad”.
Por último, señaló: “Esta situación, nos tiene que llevar a reflexionar de que es el momento de impulsar la universalidad del acceso a internet y de acceso a dispositivos informáticos para evitar que aquellos que no tienen estos bienes no puedan ejercer sus derechos políticos, como en este caso, pero también el derecho a la educación como es la grave situación de los estudiantes que no tienen acceso a la continuidad pedagógica a través de la educación virtual, y así como tantos otros derechos que se ejercen, en este contexto de pandemia, a través de la web”.
