La legisladora e integrante de la Comisión de Salud, Laura Velasco, en consonancia con el reclamo de trabajadores y vecinos, exigió al Gobierno porteño la finalización de las obras en el centro de salud Cecilia Grierson, único de su tipo en toda la Comuna 8, donde viven casi 200 mil personas: “Hace muchísimos años que los vecinos y vecinas manifiestan la necesidad de contar con un hospital, pero esto no se logra por decreto sino realmente finalizando las obras pendientes”, afirmó.
“Mediante los decretos 245 y 303, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó que este centro asistencial ya era un hospital. Sin embargo no se han contado con los fondos para finalizar las etapas de construcción que den cumplimiento a la Ley 1779, fortalecida a su vez con el fallo de la jueza Liberatori, para que el Cecilia Grierson sea efectivamente un hospital general de agudos, que realice una atención médica integral e integrada de las áreas de promoción de la salud, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de recuperación y de rehabilitación contando con las camas de internación”, explicó Velasco.
A principio de junio de este año, a raíz de una acción iniciada por la Comisión de Vecinos Lugano en Marcha, la jueza Elena Liberatori ratificó la obligación del Gobierno de la Ciudad de continuar con la construcción del hospital Cecilia Grierson e informar puntillosamente sobre esos trabajos, especialmente por el contexto de necesidad sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. En su fallo, la magistrada consideró que la suspensión de las obras “exhibe un grado insensibilidad y de desprecio hacia la comunidad de Lugano”.
En 2016, Horacio Rodríguez Larreta inauguró la segunda etapa y quedó pendiente la tercera, que hoy se niegan a terminar, paradójicamente, a causa de la pandemia. El Gobierno porteño no sólo no construyó ni un solo centro de salud nuevo en lo que va del año, sino que de los 73 mil millones de pesos presupuestados para el Ministerio de Salud en el 2020, utilizó, durante el primer semestre, unos 36 mil millones; es decir, gastó estrictamente lo que había planificado meses antes de que el mundo supiera de la existencia del Covid. Recordemos que a poco de decretarse la emergencia sanitaria en nuestro país, la Legislatura aprobó una ley de emergencia económica que le permite al Ejecutivo de la Ciudad reasignar partidas y, además, lo autorizó a endeudarse en dólares para hacer frente al coronavirus.
La Comuna 8 es, para quienes la habitan, “la olvidada”. Es la que tiene mayores índices de mortalidad infantil, una de las que más cantidad de casos de COVID-19 y dengue reportó con respecto al resto de la Ciudad y la que, recientemente, tuvo un rebrote de tuberculosis. Todas situaciones producto de la falta de vivienda, del hacinamiento y de la existencia de talleres clandestinos, entre otras problemáticas económicas, sociales y ambientales. En pocas palabras, consecuencia de la enorme desigualdad que existe en el distrito más rico del país. Además, es una de las pocas que no posee un hospital; quienes viven allí, para atenderse deben ir hasta el Santojanni –Mataderos, Comuna 9- o al Piñero – Flores, Comuna 7-.
Esta es una lucha que para los vecinos lleva unos 30 años. Comenzó siendo por un hospital para Villa Lugano y hoy es un reclamo urgente de todos y todas las habitantes de una comuna. En ese marco, se realizó ayer una asamblea multitudinaria de la que participaron legisladores y legisladoras, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, el presidente de la junta comunal Miguel Ángel “Mope” Eviner, la asamblea de Profesionales de la Salud de Lugano, referentes sanitaristas y de las organizaciones sociales y gremiales.