La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó una serie de movimientos tendientes a descubrir el origen de la filtración de los datos del blanqueo de capitales de algunos grandes contribuyentes.
Por un lado, el organismo tributario presentó una denuncia penal, en una causa que comenzará a investigar el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral.
La demanda se basa en el delito de violación de secreto fiscal, por lo cual, los responsables podrían sufrir penas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por violación referida al blanqueo que terminó a fines de marzo último, según aseguraron en La Nación.
En términos administrativos, hubo otra decisión del administrador Alberto Abad, quien le aceptó la renuncia el subdirector general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Linskens.
Linskens fue reemplazado por Néstor Sosa, quien, para eso, dejó la subdirección general de Auditoría Interna al Contador Público.
Sosa, a su vez, fue reemplazado por Pedro Ocamica, quien fue ascendido desde la Dirección de Auditoria de Procesos Operativos al Abogado y Contador Público.
El ahora exfuncionario en cuestión es un experto en tecnología con una destacada trayectoria de casi cinco décadas en el ámbito público y privado.
Un diario publicó este domingo los datos de algunos contribuyentes que ingresaron al blanqueo de capitales, lo que generó una fuerte preocupación en todo el Gobierno y en el sistema financiero, dado que la AFIP había asegurado en reiteradas oportunidades que el secreto fiscal estaba bien resguardado.
Esta movida busca que sea la Justicia la que determine quiénes habrían sido los responsables dentro del organismo de filtrar la información de aquellos que se adhirieron al blanqueo. Entre los nombres figura un hermano y un íntimo amigo del presidente, Mauricio Macri, además de empresarios de primera línea.
Para el titular del organismo preservar los datos del blanqueo era una obsesión. A tal punto que se había dispuesto un complejo sistema con gran cantidad de claves y personas involucradas para que resulte casi imposible acceder a la información de los cerca de 250 mil nombres de contribuyentes que decidieron entrar al blanqueo. Incluso el propio Abad reconoció que ni siquiera él tenía acceso a los datos. Pero queda claro que ese dispositivo no tuvo el resultado esperado y la información no tardó en filtrarse a los medios.
