La Argentina enfrenta retrasos significativos en las negociaciones sobre el pago de una condena de hasta u$s16.000 millones, derivada del litigio por la expropiación de YPF. Como respuesta a esta situación, los demandantes, liderados por Burford Capital, han presentado un extenso escrito de 122 páginas ante el juzgado.
En dicho documento, solicitan una audiencia ante la justicia estadounidense para requerir información detallada sobre una amplia gama de activos en posesión del país sudamericano. El propósito principal de este proceso de “discovery” es identificar activos susceptibles de embargo.
Los beneficiarios del fallo adverso contra Argentina, representados principalmente por Burford Capital pero no exclusivamente, han solicitado esta audiencia con la jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York debido a las dificultades que han enfrentado para obtener la información requerida por parte de las autoridades argentinas.
La lista de activos objeto de este proceso es extensa y abarca diversas propiedades pertenecientes al Estado argentino que podrían ser embargadas en un futuro. Es importante destacar que el embargo es un procedimiento complejo y prolongado, y el “discovery” constituye únicamente una etapa preliminar en este proceso. Hasta el momento, Argentina no ha cooperado plenamente en la facilitación de esta información, lo que sugiere que los fondos que han llevado a juicio al país están preparándose para tomar medidas para cobrar la deuda por cuenta propia, en caso de que no se registren avances en el pago de la misma.
Los activos incluidos en la lista abarcan una amplia gama de categorías, como acciones de YPF en posesión del Estado a través de Caja de Valores, cuentas bancarias, activos financieros, deudas y transacciones valoradas en más de u$s1 millón, concesiones para la exploración de recursos naturales, activos de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y Banco Nación, entre otros.
Buscan embargar hasta el swap con China
Entre los activos sobre los cuales los beneficiarios del fallo están solicitando información, destaca el swap de monedas acordado entre el Banco Popular de China y el Banco Central de la República Argentina, así como una línea de crédito contingente que representa una parte significativa de las reservas internacionales del país.
Este proceso marca el inicio de una serie de acciones legales que podrían llevarse a cabo en el mismo juzgado donde, en un caso anterior, se intentó embargar la Fragata Libertad en un puerto de Ghana en relación con el juicio por la reestructuración de la deuda argentina a principios de siglo.
Los demandantes, liderados por Burford Capital, han presentado un extenso escrito de 122 páginas ante el juzgado
Sebastián Maril, un abogado involucrado en el caso, señaló que la falta de cooperación por parte de Argentina ha sido evidente desde el primer pedido de información realizado en octubre pasado. Maril destacó que se han presentado 122 páginas de solicitudes de información sobre activos, junto con las respuestas proporcionadas por los gobiernos de Fernández y Milei, lo que indica que se están tomando medidas para avanzar en el caso.
La historia
El litigio por la expropiación de las acciones de Repsol por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha estado en curso durante ocho años. Los demandantes ya han obtenido un fallo favorable y se han convertido en beneficiarios de una indemnización que podría ascender a los u$s16.000 millones.
Mientras tanto, los abogados de Argentina han presentado una apelación formal contra el fallo condenatorio emitido por la jueza Preska el año pasado. Argumentan que el caso no debería ser tratado en los tribunales estadounidenses. Este litigio se inició en 2014 cuando dos accionistas minoritarios afectados por la expropiación vendieron sus derechos de litigar al bufete inglés Burford Capital, que ahora es el principal beneficiario del fallo.
