La secretaría de Planeamiento Urbano no logra obtener consenso para promover su proyecto de recuperación de las 14 manzanas comprendidas entre las avenidas Congreso y De los Incas y las calles Holmberg y Donado. Hace 20 años, el entonces intendente Osvaldo Cacciatore anunció la construcción de una autopista que pasaría por allí. Nunca se realizó, pero se demolieron las casas que se encontraban en la línea de trazado. El resultado de este abortado proyecto fue que el lugar, hasta ese momento residencial, quedó reducido a un conglomerado de ruinas y escombros.
En un intento por sacar a ese sector de la Ciudad del abandono, la Legislatura porteña votó, el 28 de diciembre de 1999, la ley 324. Allí se establecieron las pautas para reconstruir el lugar.
Para atender la situación de las más de 400 familias que, con el transcurso del tiempo, fueron ocupando las casas demolidas, se establecieron diferentes alternativas. Una fue la entrega de créditos hipotecarios amortizables a 20 años -a una tasa máxima del 4 por ciento anual- para la compra, a precio de tasación, de los edificios ocupados. Otra opción fue establecer idénticos créditos para la adquisición, refacción o construcción de viviendas en inmuebles que no pertenecieran al Gobierno de la Ciudad. También se contempló el otorgamiento de subsidios, en lugar de préstamos, para las personas en estado de extrema pobreza. Y para los mayores de 60 años en las mismas circunstancias, se estableció la posibilidad de obtener "un comodato de por vida de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad".
Con respecto a las obras a realizar para recuperar el predio, la norma dispuso que -en un plazo no mayor a los 180 días de su publicación- el Poder Ejecutivo porteño enviara a la Legislatura un proyecto que las encarara. El gobierno de la Ciudad debería, además, garantizar la participación de los vecinos y de las organizaciones comunitarias de el barrio, con personería jurídica anterior a 1996, tanto en la etapa de evaluación de las distintas alternativas como en la de formulación de la propuesta.
Siguiendo lo establecido, el gobierno porteño realizó, a través de la secretaría de Planeamiento Urbano, un proyecto para recobrar el lugar. Sin embargo, no pudo conseguir hasta ahora que los vecinos de la zona acepten la propuesta.
Sin acuerdo
El proyecto consiste, fundamentalmente, en la ampliación de la Avenida Parque desde la Avenida Congreso hasta el punto en el que confluyen las avenidas De los Incas y Álvarez Thomas, en la construcción de espacios verdes y en el levantamiento de 26 edificios de entre 6 y 8 pisos de alto costo. También se construirán, en algunos terrenos remanentes, viviendas populares.
"Los vecinos y las organizaciones no gubernamentales que participan en el consejo consultivo que analiza el tema, se oponen al proyecto", aseguró a Noticias Urbanas Daniel Bagnoli, delegado comunal del Centro de Gestión y Participación Nº 12 y presidente del mencionado consejo. "Desde abril de este año nos reunimos en el CGP todos los lunes, a las 19:30. Pueden participar todos los vecinos que lo deseen", aclaró.
Bagnoli afirmó que la propuesta gubernamental tuvo dos dictámenes desfavorables de parte de los vecinos aunque, como representante del Gobierno de la Ciudad, aclaró que la postura del consejo consultivo no refleja necesariamente la suya.
"Los vecinos consideran que si se lleva a cabo la ampliación de la avenida Parque, se generará un corredor automovilístico entre el acceso norte y la avenida Álvarez Thomas que arruinará el perfil residencial del barrio", sostuvo Bagnoli. Tampoco quieren que se construyan las torres", puntualizó.
Para poder realizarse las obras que propone el gobierno porteño, la Legislatura deberá sancionar una ley que así lo disponga. Para ello, se necesitará de un procedimiento de aprobación de doble lectura, con una audiencia pública entre estas dos instancias.
Por su parte, los vecinos realizaron una propuesta alternativa, pero ésta no fue tenida en cuenta por las autoridades. "La secretaría de Planeamiento Urbano insiste con su proyecto sin modificaciones y plantea que los cambios se consideren en el momento en que se lleve a cabo la audiencia pública", aseguró el presidente del consejo consultivo. Sin embargo esta idea no es bien vista por los vecinos, ya que el carácter de este tipo de audiencias es no vinculante y las modificaciones a los proyectos que allí se proponen muchas veces caen en saco roto. A pesar de todo, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, parece querer buscar una salida consensuada al tema ya que todavía no presentó el proyecto en la Legislatura y ni siquiera lo firmó.
Reubicar a la gente
Desde la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, su presidente, el diputado Guillermo Oliveri (FREJU), opinó acerca del tema. "Compartimos la preocupación de los vecinos. Creeemos que es inconveniente la traza de la avenida, porque será un corte en un barrio que tiene características residenciales", argumentó. "Pero lo más importante -sostuvo- es reubicar a la gente que vive en las casas que fueron ocupadas. Por eso vamos a votar en la Legislatura una modificación a la ley 324, para establecer que las obras de recuperación comiencen solamente una vez que se haya solucionado el problema de la vivienda para estas personas".
El legislador, que mantiene reuniones una vez por mes con los delegados de los vecinos ocupantes, sostuvo que la Unidad Ejecutora del Programa AU 3, organismo encargado de otorgarles los créditos y los subsidios, tiene un atraso de 18 meses en la entrega de los mismos. Sin embargo, se mostró esperanzado de que antes de fin de año, la unidad esté en condiciones de otorgarlos. "Lograr que el vecino de clase media alta de Belgrano se sentara en la misma mesa que el ocupante de una casa tomada fue de por sí un éxito. Por eso es necesario una mayor celeridad por parte del gobierno en solucionar esta cuestión. Si no, lo conseguido se puede echar a perder", concluyó el diputado justicialista.
