El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Hecker presentó, junto a Ricardo Feletti, presidente del Banco Ciudad, una propuesta alternativa al plan de ajuste promovido por el ministro Cavallo. El proyecto final, conocido como "Plan Alternativo" surgió de este trabajo y de otros realizados por los frepasistas Oscar Quatromo, Daniel Novak, Ricardo Gerardi y Arnaldo Bocco, y por los radicales alfonsinistas Mario Brodersohn, Juan Vital Sourrouille y José Luis Machinea. El proyecto pivotea sobre la obtención de ingresos extra por parte del Estado y el aumento del consumo para romper con el círculo vicioso de la recesión.
"Necesitamos crear caminos que no sean el ajuste a los jubilados o el recorte de gastos apresurado – señaló el secretario Hecker a NOTICIAS URBANAS–; hay que plantear políticas no sólo desde el lado de la reducción de gastos sino también desde la obtención de ingresos y la reactivación del consumo". Según el secretario, la clave está en que contribuyan "aquellos que más ganaron en la década del ’90, es decir, las empresas públicas privatizadas". Por eso, el programa plantea restituir los aportes patronales a estas compañías, algo que, según estima, le generaría al Estado un ingreso aproximado a los 500 millones de dólares. También se intentaría consensuar con los bancos una reducción al 7,5 por ciento las tasas de licitación de las Letras del Tesoro (LETES), que actualmente están en el 15 por ciento.
"Otra medida – explicó Hecker – es suspender la disminución del impuesto a las naftas. Esto podría producir ingresos por 200 millones". También se piensa cancelar hasta el 2002 el reintegro del impuesto a las ganancias que debe efectuar el Estado a los que cobran más de 1.500 pesos, con lo que obtendrían 350 millones más. Para favorecer el consumo y el aumento de circulante, se planifica que los aportes a las AFJP sean, por un año, voluntarios. Las compañías de jubilación privada, además, podrían llegar a pagar al Tesoro nacional hasta un 25 por ciento de las comisiones que cobran.
Finalmente, en la cabeza de los funcionarios autores del proyecto ronda la idea de que el Estado cobre, de una vez por todas, una multa de 100 millones de dólares que Repsol le debe desde la época del gobierno de Menem.
