En el inmueble sito en la calle Gavilán 537 de esta Ciudad, funcionaba una clínica de la Sociedad Portuguesa de Beneficencia y Socorros Mutuos. Esta institución entró en estado de cesación de pagos en el año 1996. Desde entonces, la clínica dejó de prestar servicios y el inmueble citado quedó en estado de abandono. En la actualidad está en proceso de liquidación.
"La Clínica se encuentra ocupada por dos asambleas ‘barriales’ que intrusaron el lugar para hacer allí un merendero, pero al darse cuenta de que el lugar tenía todos los equipamientos e instalaciones propias de un sanatorio, decidieron reclamar el inmueble para hacer de él una obra social para todos los trabajadores de las fábricas recuperadas", explicó el diputado Jorge Mercado (Movimiento Generacional Porteño), quien desde hace varios meses viene advirtiendo los problemas que giran en torno a este sitio.
"Nosotros -el Interbloque Porteño- no estamos de acuerdo con el proyecto que hay presentado para expropiar el lugar a manos de una asociación civil que ni siquiera está constituida, por lo que estamos de acuerdo con la propuesta realizada por la comunidad portuguesa. No vamos a avalar expropiaciones, como tampoco apoyamos el accionar del Gobierno de la Ciudad ni del secretario de Descentralización, Ariel Schifrin, que potencia estas cosas", afirmó Mercado.
En la Legislatura los diputados Beatriz Baltroc (ARI), Roy Cortina (PSP), Patricio Etchegaray (IU) y Raúl Puy (ARI) presentaron una iniciativa para declarar de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria por el plazo de dos años la Clínica portuguesa y los bienes muebles existentes en el predio.
En el proyecto se establece que los bienes y el predio expropiados deberán ser destinados a la atención de la salud de los trabajadores de las empresas recuperadas y de la comunidad en general. La propuesta plantea que éstos sean entregados en comodato a la "Asociación Civil 20 de Diciembre", integrada por representantes de las cooperativas de trabajo de unidades productivas recuperadas y por la Cooperativa de Trabajadores de la Salud, que a su vez, está conformada por ex empleados de la Clínica Portuguesa.
Según Baltroc "durante seis años estuvo desocupada esta mutual y recién ahora se acuerdan todos de que existe. Nosotros formalizamos un pedido de los miembros de la Asamblea y demás interesados a fin de reactivar el lugar y utilizarlo como una Obra Social para aquellos trabajadores que no poseen ningún tipo de cobertura de salud, que actualmente son muchos".
En cambio, el diputado Marcelo Vensentini (FG) elaboró una declaración a fin de que el Gobierno porteño establezca un convenio con los representantes de la Comunidad Lusitana para la recuperación y puesta en funcionamiento del Hospital Portugués, con el objeto de integrarlo al sistema publico de salud.
"Hemos presentado este proyecto porque consideramos que en temas como estos todos tienen un nivel de razón. Por eso decidimos que lo mejor es que el Ejecutivo se siente en una mesa con todos los involucrados para consensuar una salida a este conflicto de intereses sin llegar a una expropiación", señaló el presidente del bloque del Frente Grande.
Para el diputado porteño "esto no contrasta con la iniciativa que también persigue la puesta en funcionamiento del hospital, pero en el marco de un sistema inadecuado para el caso ya que, por un lado, se lo destina a un sector de la población mientras que la salud publica debe tener carácter universal, y, por otro lado, implica una erogación económica, que estimamos que puede evitarse con un convenio que permita alcanzar los objetivos señalados, sin recurrir al gasto que demanda la expropiación".
Por su parte, el dirigente del Consejo de Comunidades Portuguesas de la Argentina, Carlos Campiñas, ratificó la decisión de esa colectividad extranjera de volver a comprar el edificio actualmente ocupado. Campiñas aseguró que "la jueza Civil número 3 Silvia Díaz, a cargo de la causa que originó la referida quiebra comercial, sufre presiones políticas para que no dicte el desalojo de los usurpadores. Como parte de ellas hay una oferta para alquilar en 500 pesos el edificio, valuado en 600 mil dólares", aseguró.
"Nuestras comunidades están en condiciones financieras para afrontar los costos que resulten de la quiebra fraudulenta para adquirir este importante edificio, en donde pensamos hacer funcionar un centro de atención médica y un centro cultural", concluyó el dirigente.
