"Hemos tratado en cuatro oportunidades reunir a los integrantes de la Sala Acusadora que debe decidir si es procedente el juicio político al asesor general tutelar del Ministerio Público de la Ciudad, Roberto Caniche. Si bien no había autoridades designadas porque nunca se alcanzó el quórum suficiente para hacerlo, me había comprometido a llevar adelante el proceso. Ante el desinterés de la gran mayoría de los legisladores por definir este tema, voy a declinar hacerlo", explicó el diputado justicialista Enrique Rodríguez a NOTICIAS URBANAS.
El juicio político contra Cabiche fue impulsado por la Legislatura el 19 de junio, tras darle curso a una cuestión de privilegio que presentó la legisladora Beatriz Baltroc. La razón de esta decisión se originó en un conflicto que surgió entre el asesor general tutelar y el asesor tutelar de 1ª y 2ª instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Daniel Moreno, a partir de dos resoluciones dictadas por el primero -las Nº 71 y 72- por las que le fueron recortadas atribuciones a su subordinado.
La Sala Acusadora está compuesta por 45 legisladores, por lo que para su funcionamiento es necesario que haya, como mínimo, 23 presentes. Pero, pese a que se aprobó por unanimidad en el recinto esta instancia, en las reuniones que se han organizado hasta el momento, generalmente los diputados presentes no superan los 14. "Ante esta falta de interés en el tema, es probable que el tema quede pendiente para la próxima conformación de la Legislatura", concluyó Rodríguez.
Este martes, trece organizaciones no gubernamentale (ONG’s) reiteraron su preocupación y su rechazo por la ratificación de las resoluciones dictadas por Cabiche, y exhortaron a los poderes públicos que arbitren las medidas necesarias para la urgente revocación de las mismas. Según consta en un comunicado emitido por las ONG’s, "la ratificación de las resoluciones y las infundadas denuncias formuladas ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad contra Gustavo Moreno, importan una abusiva concentración de poder en contra de la autonomía funcional y la independencia judicial interna, y se opone al voto unánime de los representantes del Pueblo de Ciudad, generando un virtual conflicto de poderes en la Ciudad de Buenos Aires".
