"Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa", hemos escuchado reiteradas veces en boca de la sapiencia popular. Sin embargo, en ocasiones, "una cosa" puede generar efectos en "otra cosa". Causas y efectos… o mera casualidad tal vez. Lo concreto es que en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad varias "cosas" llaman la atención.
Luego de una semana en la que el conflicto entre un magistrado de dicho fuero (Roberto Andrés Gallardo) y la Procuración de la Ciudad (encabezada por Pablo Tonelli) se pusiera de manifiesto y ocupara amplios espacios en los medios de comunicación -recordemos que Gallardo denunció intromisión de Poderes y vaciamiento de su juzgado a raíz de recusaciones masivas presentadas por la Procuración, remarcando Tonelli que el Gobierno estaba utilizando una herramienta procesal y por lo tanto legal-; desde la Defensoría General de la Ciudad se expresó preocupación por una modificación en el accionar de los jueces de dicho Fuero.
"La insuficiencia del monto de estos subsidios frente a los precios reales de hoteles y pensiones se hace dramática en casos de familias numerosas, o personas solas y enfermas en situación de calle, que solicitan a los Defensores públicos ayuda para peticionar el aumento de estos montos. Normalmente, los Jueces del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordenan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el ajuste de los montos de los subsidios habitacionales ante cada caso puntual. Sin embargo, en los últimos días ha comenzado a observarse un inusitado y preocupante endurecimiento de la posición de algunos jueces", expresó la Defensoría General en un comunicado de prensa enviado a nuestro medio.
Si bien los subsidios habitacionales para quienes se encuentren en situaciones de pobreza e imposibilidad de acceso a la vivienda están congelados de acuerdo a lo expresado en el decreto 690/06 en un tope de 450 pesos, a solicitud de los interesados, por medio de la Defensa Pública y con pruebas concretas, los magistrados de la Ciudad emitían fallos solicitando los reajustes necesarios. Estas acciones estarían siendo cada vez menos habituales por la negativa de los jueces.
Un ejemplo de lo descrito es el rechazo de la solicitud de una madre soltera con 8 hijos menores de edad para ampliar el monto del subsidio debido a la imposibilidad de conseguir una habitación acorde al monto contelado.
"En la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 se han recibido un rechazo por parte del juez Juan Lima. El mismo juez rechazó otro pedido, esta vez de una jubilada con certificado de discapacidad que solicitó un incremento de 100 pesos por sobre los 350 que percibía del Programa ?Vivir en Casa? -cuyo monto máximo previsto es de 500 pesos -, fundamentando que la jubilada ‘no ha demostrado la imposibilidad de afrontar el pago [?] ni que el precio que le exigen por el alquiler de la pieza [?] sea el mas bajo de plaza’", describió el comunicado enviado por la dependencia judicial encabezada por el defensor Mario Kestelboim.
La jueza Gabriela Seijas, también se habría manifestado en el mismo sentido al señalar en un fallo reciente que "reglas de igualdad" impiden acceder a los pedidos de aumentos de subsidios.
"La Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario en primera instancia advierte, entonces, una peligrosa tendencia a bloquear la vía judicial a los pedidos de los sectores vulnerables y excluidos de la sociedad, ya que los montos de los programas resultan a todas luces insuficientes. Está en peligro la efectiva vigencia del derecho constitucional a la vivienda, consagrado en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, y protegido, hasta ahora, por una Justicia sensible a este mandato", subrayó el Ministerio Público de la Defensa.
