La política en materia habitacional de la Ciudad comenzó a ser analizada en profundidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una causa que impulsa la defensa pública porteña para que se de respuesta al reclamo de vivienda digna de una mujer sola y su hijo discapacitado. Este jueves por la mañana, los siete miembros que integran el máximo tribunal nacional encabezaron la audiencia informativa convocada por la Corte para que las partes (la defensa pública porteña, el defensor nacional que representa al menor, y el Gobierno de la Ciudad) expongan sus posiciones y respondan los interrogantes que el expediente generó en los magistrados.
Las exposiciones comenzaron con la posición de la defensa descripta por la defensora general adjunta del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Graciela Christe. Tras mencionar el eje del reclamo y destacar la normativa nacional e internacional que garantiza el derecho a una vivienda digna y la obligación del Estado de dar respuesta, la defensora fue interrumpida por preguntas.
El eje de los interrogantes expuestos por los magistrados se centró en qué otro tipo de solución podría aceptar la actora, más allá del reclamo de vivienda definitiva, qué tipo de respuesta estatal recibió, y qué otro tipo recibe ?subsidios y montos-, y si considera que sería viable asignar a cada persona que así lo pidiera, una vivienda. La defensora porteña subrayó que en hogares y paradores no son respuesta a la garantía de de vivienda sino un paliativo ante emergencias, expuso la situación particular de la señora que se encuentra abocada al cuidado de su hijo (lo que le imposibilita obtener recursos propios para poder aceptar un crédito hipotecario, por ejemplo), y sostuvo que la Ciudad sí estaría en condiciones de dar respuesta habitacional general si existiera la voluntad política de hacerlo.
Sobre los subsidios que la familia recibe, la Corte realizó preguntas y se describió que la mujer y su hijo reciben cuatro subsidios, tres otorgados por la Ciudad y uno por discapacidad brindado por el Gobierno nacional. Se preguntó por los montos (la suma de los cuatro subsidios superan levemente los 3 mil pesos) y las necesidades económicas de la familia.
Julián Horacio Lavengin, defensor Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expuso a continuación su posición en defensa de los intereses del menor. Sin ser interrumpido, el defensor remarcó la triple condición de vulnerabilidad del niño -menor, discapacitado y pobre- y la necesidad de atención especial. Los magistrados preguntaron si consideraban que la respuesta estatal de vivienda definitiva debía ser una política general, a lo que Lavengini remarcó que en el caso particular, la necesidad de una vivienda digna debe ser atendida por sus condiciones de vulnerabilidad.
Tras una breve intervención del procurador general porteño, Ramiro Monner Sans, a modo de presentación, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, inició su exposición en representación de la parte demandada, el Gobierno de la Ciudad.
Las palabras de Vidal fueron rápidamente interrumpidas por las preguntas de los jueces quienes buscaron que se precisaran los detalles sobre el tipo de respuesta estatal brindada en el caso, y sobre la solución propuesta por el Gobierno de la Ciudad para la mujer y su hijo.
Firme en la defensa de la política gubernamental en materia de vivienda y política social, Vidal reiteró ante los magistrados que el tipo de respuesta que la Ciudad brinda a este tipo de reclamos se centra en hogares y paradores, subsidios habitacionales, créditos hipotecarios y el fomento a una reinserción social. Relató que en el caso particular se otorgó un crédito para la compra de vivienda por 165 mil pesos, que se le dio a la actora un plazo de 45 días para presentar una vivienda, que la mujer pidió 4 prórrogas y finalmente no presentó ninguna propuesta por lo que la adjudicación del crédito no prosperó.
Defendiendo la postura que el Gobierno de la Ciudad no apoya la política de brindar vivienda definitiva sin un esfuerzo a cambio, y a favor del otorgamiento de créditos sociales y subsidios, Vidal responsabilizó al Gobierno Nacional por la falta de políticas de estado en materia de vivienda que den una respuesta de fondo a la problemática,reconoció que, en la Capital, hay un déficit de 50 mil viviendas y que la población en las villas creció un 20% en el último decenio.
Vidal sostuvo que no se puede otorgar desde la Ciudad una respuesta general al reclamo de vivienda definitiva por razones presupuestales, reclamó plan de vivienda nacional articulado con Ciudad y las provincias, y planteó la no judicialización de este tipo de reclamos. La Ministra también tuvo que responder a varias preguntas vinculadas a los subsidios otorgados, a la normativa vigente que los limita, y, en el caso puntual, al hecho que debió haber una intervención judicial ordenando que se continúe pagando a esta señora el subsidio habitacional. Sobre este punto Higthon de Nolasco increpó sobre qué ocurre en los casos que no hay intervención judicial que garantice la continuidad del pago de un subsidio habitacional. Paradores y hogares fue la respuesta.
Sin ninguna declaración, la Corte dio por concluida la audiencia.