Luego de dos años de negociaciones en las paritarias, los diputados porteños y los gremios con representación en la Legislatura llegaron a un acuerdo. La aprobación en la sesión de este jueves de un proyecto de ley que establece la creación de un nuevo organismo que iguala la cantidad de representantes de los trabajadores con los de los legisladores fue el último paso para llegar a una solución para el problema de la obra social, pero a la vez abrió el camino para que se inicie la discusión por el convenio colectivo de trabajo.
Éste es el nuevo desafío que deberán encarar los gremios y los diputados que forman parte de las reuniones de paritarias: Cristian Caram (UCR), Oscar Moscariello (Partido Demócrata Progresista), Alberto Fernández (Partido Justicialista) y Sandra Dosch (Frente Grande).
La norma, que fue sancionada luego de arduas negociaciones, establece que el Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura debe iniciar sus trabajos en no más de siete días a partir su publicación en el Boletín Oficial, como una estructura fuera de nivel, con autarquía financiera y administrativa. Su director ejecutivo será elegido en un concurso que deberá ser convocado dentro de un plazo de quince días a partir de publicada la ley. En caso de que el elegido quiera quedarse en el cargo más de cuatro años, deberá volver a concursar.
La ley además explicita que el nuevo órgano estará integrado por un Consejo de Administración y por una Comisión Fiscalizadora. Ambos cuerpos funcionaran con ocho miembros titulares y ocho suplentes, de los cuales la mitad representará a los gremios y la otra a los diputados.
De esta manera se termina con la vieja Dirección General de Obra Social Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura, en la que los diputados tenían siete de los nueve miembros y elegían, entre estos representantes, al director, sin tener que atenerse a ningún tipo de requisito.
La iniciativa parlamentaria sancionada -cuyos autores son de los legisladores Dosch y Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano)-, recibió múltiples modificaciones durante la sesión de este jueves. Algunas de estos cambios tienen que ver con cuestiones formales y otros con especificaciones de contenido, por ejemplo, con las labores de la Comisión Fiscalizadora.
A partir de la creación del nuevo organismo, se llamará a una nueva licitación para elegir a la obra social de la Legislatura. Para cumplir este objetivo, la ley establece un plazo de 90 días. En este sentido, Moscariello sostuvo que, debido a que el proceso licitatorio que recientemente fracasó se realizó con la fiscalización de los trabajadores, es muy probable que los nuevos pliegos se asemejen bastante a los viejos.
En las cláusulas transitorias de la ley se indica que, inicialmente, el Consejo de Administración será presidido el primer año por un miembro elegido por los diputados, mientras que al director de la Comisión fiscalizadora lo seleccionarán los gremios por ese mismo lapso. Luego los mandatos serán de dos años, pero mantendrán este esquema cruzado.
Los representantes de los diputados serán elegidos por el vicepresidente primero de la Legislatura a instancia de las propuestas que realicen los presidentes de los principales bloques. En tanto, el panorama dentro de los gremios de los trabajadores es el siguiente: por cada una de las dos comisiones, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) se llevará dos puestos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) uno y la Unión del Personal Civil de la Nación el restante.
Tanto los representantes de los gremios, como los de los diputados, se mantendrán en sus cargos ad honorem durante cuatro años y podrán ser reelegidos por una vez, teniendo que dejar pasar un período para volver a postularse.
También en las cláusulas transitorias se determinó que "el Consejo de Administración deberá designar en su primera reunión a un director ejecutivo interino hasta tanto se nombre al seleccionado por concurso".
El Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura, se nutrirá del aporte del 3 por ciento de los sueldos de los empleados, de los aportes adicionales del 1,5 por ciento de los familiares de los beneficiarios que no sean parte del núcleo familiar primario, de las contribuciones de la Legislatura que alcanzaran una cifra similar al 6 por ciento de los salarios de todos los trabajadores de este cuerpo, de los recursos que se le asignen del presupuesto y de las donaciones, legados y subsidios que reciba este nuevo organismo.
