?Qué hay detrás de un cambio de jurisdicción? se preguntaron los abogados querellantes en la causa por Mariano Ferreyra cuando se informaron del ardid judicial de los imputados policiales quienes pretenden que la causa derive en la justicia Contravencional porteña y no siga con la jueza de instrucción, Wilma López, quien mantiene en prisión a los autores materiales, la patota sindical, e intelectuales por el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
?Lo que está en discusión es mucho más que un simple cambio de jurisdicción. La justicia caratuló las acciones policiales bajo la figura de abandono de persona calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; o sea, un delito menor, como si la actuación de los policiales hubiera sido el resultado de una mera negligencia?, sostuvo la abogada del Partido Obrero Claudia Ferrero.
Los funcionarios policiales imptados son: comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, comisario Jorge Raúl Ferreyra, subcomisario Rolando César Garay, subcomisario Luis Alberto Echavarría y principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti.
Las querellas plantearon la figura de homicidio calificado para los policías al imputarles la participación necesaria en el plan criminal que terminó con la vida del joven militante en el barrio de Barracas.
?Si la causa pasa a la jurisdicción de la Ciudad, los policías serán juzgados por un delito menor, ya que el tribunal contravencional no tiene capacidad para juzgar la existencia o no de un homicidio. De ese modo, se abortaría la posibilidad de que sean condenados por homicidio y tentativa de homicidio agravado?, expresó Marcelo Ramal dirigente del PO.
Por todo esto, este jueves por la mañana, los dirigentes se movilizaron hasta la Cámara de Apelaciones, y presentaron un rechazo.
