Que las inspecciones y las sanciones frente a infracciones fueran realizadas por la misma dependencia gubernamental abría dudas sobre transparencia, corrupción, y discrecionalidad a la hora de controlar construcciones, comercios gastronómicos, locales nocturnos, carteles publicitarios, contaminación ambiental y actividades lucrativas no autorizadas. Numerosos casos pusieron a la Agencia Gubernamental de Control en la mira, y, a pesar de que su titular, Javier Ibáñez, ha sido ratificado en su cargo, tantas dudas sobre la gestión no dejaron al área indemne. Un proyecto para recortar el poder de la AGC ingresó el pasado martes a la Legislatura.
Con la idea que dos ojos ven mejor que uno, el Ejecutivo porteño presentó un proyecto de ley que propone una modificación profunda en el sistema de control y sanción de las denominadas faltas especiales (bromatología, higiene, medio ambiente, seguridad y prevención de siniestros, construcciones, publicidad prohibida, actividades lucrativas no permitidas, pesas y medidas, admnistración y servicios públicos, servicio de vigilancia y custodia, entre otras).
Hasta el momento, la Agencia Gubernamental de Control no sólo realiza inspecciones para constatar que las actividades establecidas en el Código de Faltas estén en regla, también cuenta con una dependencia cuya función es sancionar todas las infracciones a la ley 451, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales de la Ciudad (UAAFE). El proyecto que cuenta con la firma del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, propone la transferencia de la UAAFE al Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro, y más precisamente, a la Dirección General de Infracciones, dependencia bajo la órbita del subsecretario de Justicia de la Ciudad, Javier Buján.
La iniciativa, resalta en sus fundamentos, que las faltas cuentan con un sistema sancionador en el ámbito administrativo previo a su judicialización, pero también destaca que para garantizar la ?objetividad e imparcialidad? se deberá establecer ?la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos?.
?Resulta indispensable establecer el principio de la doble autoridad administrativa; el control cruzado, que supone que el procedimiento de sancional han de intervenir dos autoridades distintas, una para la instrucción y otra para la resolución?, expresa el proyecto.
De aprobarse la iniciativa del Ejecutivo, la AGC a cargo de Ibáñez realizará las inspecciones para detectar infracciones a la ley de faltas, y, así como en las faltas de tránsito, será la Dirección General de Infracciones la que estudie las actas y establezca la sanción administrativa que corresponda.
?Este proceso de reasignación funcional permitirá solucionar el grave inconveniente que desde su creación la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales ostenta, que es la carencia de un Registro de Antecedentes on line y de un seguimiento de ejecución de resoluciones. [?] Esta ley permitirá soslayar también la inexistencia de un cuerpo de mandatarios propios, evitando así el archivo innecesario de expedientes resueltos e impagos sin poder cumplimentar su correspondiente ejecución judicial, evitando así la función resocializadora que sobre el ciudadano establece cumplimentar la sanción?, señala el proyecto en sus fundamentos.
De aplicarse el proyecto impuslado por el Poder Ejecutivo porteño, el personal, presupuesto y patrimonio de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales de la AGC pasarán íntegros a la subsecretaría liderada por el juez en licencia Javier Buján para quedar bajo el control del director general de Administración de Infracciones, Marcelo D? Alessandro. Y con el personal y las competencias, también pasará a la órbita del subsecretario identificado con el sector radical PRO que lidera el presidente de Boca, Daniel Angelici, la caja recaudatoria que las sanciones/multas a las faltas especiales implican.
Ibáñez, vinculado con la dirigencia del clug Atlanta, no pudo ante el equipo del presidente de Boca Juniors. Tras la entrega del Registro Civil al Ministerio de Gobierno comandado por Emilio Monzó, la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad busca fortalecerse.
