El diputado Facundo Di Filippo presentó esta tarde un recurso de amparo ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires porque el Gobierno porteño no respondió en tiempo y forma (como establece la ley 104, de acceso a la información) sus solicitudes sobre la campaña de apoyo a Aníbal Ibarra durante el juicio político que concluyó con su destitución.
"El derecho de acceso a la información es una herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado, a través de la fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad, sin discriminación. Es por ello que se constituye en un medio que permite monitorear, controlar y evaluar las acciones de Gobierno", señaló el legislador del ARI en su escrito presentado este mediodía ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Di Filippo, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, apeló a la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires que obliga al Ejecutivo a contestar, dentro de los 10 días, toda solicitud sobre información pública. Esa norma faculta a recurrir a la Justicia, mediante recurso de amparo, en caso de que el Gobierno no responda, en tiempo y forma, toda solicitud de información pública.
El legislador del ARI señaló que remitió tres notas el pasado 15 de mayo al Gobierno porteño para que le informe sobre contrataciones de empresas especializadas en comunicación social, en tareas periodísticas y en encuestas de opinión pública y también sobre la entrega de subsidios y de otros beneficios económicos a particulares y a diversas organizaciones no gubernamentales.
Por esas notas requería conocer de dónde salió el dinero para
pagar la campaña publicitaria y propagandística en apoyo a Aníbal Ibarra durante el proceso de juicio político que concluyó con su destitución como Jefe de Gobierno, interrogante que deja abierta la sospecha de que se pudo utilizar el aparato estatal y los dineros de los contribuyentes en beneficio de un funcionario.
"La publicidad de los actos de Gobierno es una de las premisas básicas de nuestro sistema republicano, pues resulta imprescindible que la ciudadanía sea permanente y adecuadamente informada sobre la gestión de quienes ha
elegido para administrar con eficacia y mesura los dineros públicos", destacó Di Filippo en su presentación judicial.
También advirtió que "la obligación gubernamental de dar
publicidad sus actos se corresponde, además, con la responsabilidad de evitar que el dinero de los contribuyentes y la estructura estatal sean utilizados para otros fines, es decir, en beneficio de un funcionario, partido político, agrupación o de cualquier otro sector".
En la primera de sus tres notas solicitó que el Ejecutivo porteño le informe la nómina de las empresas especializadas en tareas periodísticas, en comunicación social y en encuestas que contrató desde el 1 de enero de 2004 hasta el 10 de marzo de 2006, cuando se oficializó la destitución de Ibarra.
"Los sondeos de opinión pública sobre la imagen y gestión del entonces Jefe de Gobierno formaron parte de una vasta campaña de publicidad y propaganda que se inició pocos días después de la tragedia del local República de Cromañón y que se fue incrementado con el correr de los meses,
especialmente, a partir de la suspensión en el cargo de Ibarra el pasado 14 de noviembre", indicó en su recurso de amparo.
También requería saber "si se realizaron contratos con las consultoras ‘Nak’; ‘Ejes de Comunicación’, ‘Bordó Comunicación’, ‘Wall Street Vía Pública S.A.’ y ‘Rainbow S.A.’ sita en Marcelo T. de Alvear 1443, de esta ciudad".
En las otras dos notas, el legislador del ARI solicitaba que el
Ejecutivo porteño le informe sobre la entrega de subsidios, becas, planes asistenciales, alimentos, colchones, frazadas y/o materiales de construcción y/o otros elementos a personas físicas y/o jurídicas con o sin fines de lucro, como, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones barriales y personalidades del ámbito cultural.
"Es de público conocimiento que dirigentes de varias ONG y de entidades de diversa naturaleza como también personalidades del que hacer cultural participaron activamente en la campaña publicitaria y propagandística y en las manifestaciones callejeras de respaldo al luego
destituido Jefe de Gobierno y que, incluso, llegaron a propagar el falaz argumento de que el juicio político constituía un ‘golpe institucional’", subrayó Di Filippo en su presentación judicial.
En la parte final de su recurso de amparo, el legislador del ARI sostiene que sus solicitudes al Ejecutivo porteño tienen por objeto "comenzar a dilucidar si se procedió con mesura y eficacia en el manejo del dinero de los contribuyentes, más cuando los actos gubernamentales sobre los cuales se solicita información, que implicaron cuantiosas erogaciones, no
fueron debidamente publicitados y explicitados como lo exige nuestro sistema republicano".
