En la noche del 29 de diciembre se desarrollaba el segundo cacerolazo espontáneo, esta vez contra el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Una vez más, la movilización terminaba con incidentes, pero en esta ocasión algunos manifestantes golpearon a varios policías. En Floresta, tres jóvenes -Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa- miraban la televisión, junto al suboficial auxiliar retirado de la Policía Federal, Juan de Dios Velaztiqui, quien al ver las imágenes, se paró, les apuntó y los asesinó. Luego intentaría pasar el hecho como un robo, pero el barrio le hizo saber a la Justicia lo sucedido.
El próximo sábado 29 de junio se realizará una "marcha de justicia" para conmemorar los seis meses de la "Masacre de Floresta". La misma coincide con un momento en el que la Policía Federal está reincorporando a 3 mil efectivos retirados para que patrullen las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El defensor adjunto del Pueblo, Gustavo Lesbegueris, le informó a NOTICIAS URBANAS sobre el estado de la causa y los controles que se ejercen sobre los policías retirados.
Mientras que la Superintendencia Administrativa, División Policía Adicional, es la encargada de centralizar las contrataciones particulares -por ejemplo la custodia de la estación de servicio donde fallecieron los tres chicos de Floresta-, la Junta Permanente de Reconocimiento Médico, ejerce el control sobre el personal retirado con cargos de subalternos, de suboficiales y de oficiales. Los exámenes se realizan en el Hospital Churruca y son los siguientes: verificación de que no tengan antecedentes patológicos en su historia clínica; examen físico completo, con evaluación de la agudeza visual; valoración cardiovascular con electrocardiograma; examen radiológico de tórax; examen laboratorio -que incluye HIV, Chagas y otras enfermedades-y por último, un examen de aptitud psicológico.
Lesbegueris, al enterarse de los controles a los que se someten los policías convocados nuevamente al servicio activo, pensó que a Velaztiqui nunca se le habían practicado. Luego se enteró que sí fue evaluado el 27 de diciembre de 2000 y que había resultado "apto para la función". Curiosamente, los testigos afirmaron que el policía utilizaba "frecuentemente gotitas para los ojos". A seis meses del crimen, Velaztiqui estaría casi ciego.
"No nos podemos oponer a que haya más seguridad en estos tiempos que corren, es más, tenemos que ponernos contentos de que sea el Estado a través de sus instituciones el que intervenga y no que sean las agencias de seguridad privadas las que incrementen su personal, pero tenemos que poner el ojo sobre los controles que se ejercen a los efectivos que se reincorporan a las fuerzas policiales", afirmó Lesbegueris.
Por otra parte, el legislador porteño, Eduardo Peduto (Frente Grande), presentó un pedido de informes sobre este asunto, en el que se destacan los siguientes interrogantes: tipificación de los motivos de retiro y antigüedad promedio de los mismos; cuáles serán los criterios de selección para la incorporación, grado de revista previsto y normativa aplicada; y reglamentación detallada a aplicar para la verificación de la aptitud física psíquica y profesional del personal mencionado. En el proyecto, Peduto coincide con Lesbegueris en que, si bien es importante la seguridad, no deben descuidarse los controles a los policías retirados.
SE ACERCA EL JUICIO ORAL
En la movilización por el crimen de Floresta, los familiares y la Defensoría del Pueblo van a hacer eje en el pedido de que la causa judicial pase rápidamente a juicio oral. La misma se encuentra en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 5, a cargo de Ricardo Warley, Secretaría Nº 161, de Julio Quiñones, y en la Fiscalia de Instrucción Nº 30, de Luis Bunge Campos.
Entre sus fojas, se encuentra un informe pericial, firmado por los especialistas Mariano Castex, Alberto Vicente Lonnes y Alberto Velázquez, en el que se afirma que "las facultades mentales sí encuadran con la normalidad jurídica" y que "al momento de los hechos que se le imputan en la presente causa, sí pudo comprender la criminalidad del acto y sí pudo dirigir su acción". Por tal motivo, la defensa no podría alegar "emoción violenta" y, por lo tanto, la situación del policía sería extremadamente complicada.
