Ser proxeneta es un trabajo duro y socialmente no reconocido. El ucraniano Oleksandr Vovk y su pareja Isabel Rojas se esforzaron durante dos años para regentear tres prostíbulos. Para explotar sexualmente a mujeres y niñas, debieron hacer frente a los costos de los anuncios en el diario, los miles de volantitos y su reparto, los preservativos, las fotos a las esclavas, lo que comían, las líneas telefónicas y los alquileres de los departamentos donde montaron los cuartos para los clientes y a la vez hospedaje de sus chicas. También debieron invertir en coimas para evitar allanamientos y la recurrente violencia, incluidas violaciones para domar a las mujeres rebeldes, y los golpes a hombres traviesos. En tanto que sólo ingresaban pingües ganancias por venta de sexo, cocaína y bebidas alcohólicas. A pesar de tanto esfuerzo, un día fueron denunciados. La traición vino desde adentro. Una de sus esclavas venció el terror. Entonces Vovk y Rojas terminaron esposados y detenidos en un penal. Y en el colmo de la incomprensión a tanto sacrificio, algunos, como Noticias Urbanas, denominaron a su organización la ?Mafia Rusa?.
Pero un día aparecieron los jueces de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. Eduardo Freiler y Eduardo Farah, con la abstención de Jorge Ballestero, declararon que no es delito administrar o regentear prostíbulos, como sí desde 1936 lo decidieron los diputados nacionales a través de la Ley de Profilaxis, en su artículo 17. Los camaristas declararon inconstitucional penar el rufianismo. Sólo les mantuvieron a Vovk y Rojas la imputación por venta de cocaína y explotación sexual.
Desde el fallo de la Sala I, sumando a otro de la Cámara del Crimen, Sala V, que señala que no son ilegales los prostíbulos si en ellos se usan preservativos, los pocos cabarets con clausura fueron reabiertos. Los capitalistas del sexo cuentan con un as en la manga. Rafael Levy (el verdadero dueño de Cromañón, procesado en esa causa) y su socio Raúl Vengrover, propietarios del prostíbulo Quatro Cat?s (ubicado en la avenida Rivadavia 3007, a metros del incendiado boliche), lo demostraron. El prostíbulo contaba con clausura de la jueza de primera instancia, y, para reabrirlo, los empresarios se escudaron en el fallo de Farah y Freiler. Así lograron retomar la explotación más antigua del mundo.
DOS FISCALES AL ATAQUE
Igual no está todo dicho. El fallo que legaliza las llamadas ?casas de tolerancia? tiene sus opositores. Fuentes judiciales confiaron a este medio que la fiscal de Cámara Eugenia Anzorreguy se negó a aceptar la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 12.331. En el mismo sentido dictaminó el fiscal de Casación Ricardo Wechsler, que también rechazó legalizar el rufianismo.
NU visitó la fiscalía de Anzorreguy para solicitar una copia del dictamen que enfrenta el polémico fallo de la Sala I, pero cuando la fiscal fue ubicada, luego de varios intentos, rechazó de plano recibir a este medio. Su secretaria, muy amable, respondió: ?Las visitas, como las notas, incomodan a la fiscal en este tema tan delicado?. El fiscal Wechsler tampoco fue ubicado. Su dictamen es otro secreto de la familia judicial, que no se hace eco de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Transparencia de las acciones de Estado. Por lo que NU supo, ese espíritu corporativo, resumido en la frase ?los trapitos sucios se lavan en casa?, incluye al juzgado de primera instancia de Marcelo Martínez Di Giorgi, a cargo en su momento del hoy camarista Jorge Ballesteros. Luego de los dictámenes de los fiscales contra la trata, la última palabra por la legalización o no de comerciar con la sexualidad la tendrá la Sala III de Casación Penal.
RECURSO NO VINCULANTE
Ante Casación, la fundación La Alameda, que ha investigado con cámaras ocultas y organizado escraches y denuncias penales a la red prostibularia a metros del Departamento Central de la Policía Federal, denunciando 613 falsas whiskerías y ?privados? de la Ciudad, interpuso un Amicus Curiae, que es un recurso no vinculante en la causa en el que un extraño puede producir peticiones.
?El tema en cuestión está relacionado no sólo con la lucha contra la discriminación a la mujer (artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y con la que se lleva a cabo contra las formas contemporáneas de la esclavitud (penado por Naciones Unidas desde 1949, cuando aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena), sino también con la protección de los niños contra la explotación sexual (artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la trata de personas (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, ratificado por Ley 25.632)?, figura en el escrito firmado por Gustavo Vera, presidente de la fundación que es patrocinada por Mario Ganora.
La guerra judicial está desatada. Oleksandr Vovk e Isabel Rojas son la punta del iceberg de ese negocio difícil de explicar y fácil de enseñar.
