La reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires es planteada por algunos sectores de la sociedad desde hace varios años, dado que -según entienden- se evidenciaron una serie de características que no contribuyen a la eficacia y a la eficiencia de su aplicación. Sin embargo, las diferencias políticas son tantas, que este tema podría quedar nuevamente en la nada.
El presidente del Bloque ARI de la Legislatura porteña, Fernando Melillo, calificó al proyecto macrista de Código Contravencional de "bochornoso" porque, si prospera, "colapsará la Justicia de la Ciudad, favorecerá los nichos de corrupción y represión policial y obstaculizará la resolución de conflictos de la vida cotidiana".
En primer lugar, Melillo basó su disidencia en el hecho de que "con esta propuesta volveremos a un mecanismo de control social perverso al profundizarse la nefasta época de los edictos policiales: se generaliza la pena de arresto como principal respuesta desarticulando los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se establece la reincidencia generalizada, se aumentan las sanciones. Y todo ello implica un estado de desprotección total para los porteños en cuanto a la calidad de su vida cotidiana y, en especial, para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
"Por otra parte -agregó- este Código suma las contravenciones a la transferencia de competencias sobre delitos penales desde la Nación a la Ciudad. Esto ocasionará la destrucción lisa y llana del sistema judicial porteño, ya que colapsará la labor de fiscales y jueces en quienes confluirán ambas tareas, lo cual va en contra de la indispensable especialización de los fueros en función de la naturaleza de los bienes jurídicos a proteger y de los códigos de procedimiento".
Por último, Melillo rescató que "el apuro del macrismo llegó al absurdo al obtener un dictamen de mayoría que de diez firmas tiene siete en disidencia y más tres dictámenes de minoría".
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Jorge Enríquez (Compromiso para el Cambio) aseguró que "en una aventura conjunta a espaldas de los vecinos, los diputados que responden al jefe de Gobierno, sumados a los kirchneristas y la izquierda de Zamora, se opondrán a la reforma del Código Contravencional".
Enríquez dijo: "Siento una profunda desilusión; no puedo entender la actitud de los seguidores de Ibarra de no trabajar para mejorar la seguridad de los vecinos; algunos diputados siguen enfermos de ‘ideologicitis’ y pretenden convencernos de que estamos ‘criminalizando la protesta social’ si pretendemos limitar los piquetes o que ‘reprimimos a las compañeras trabajadoras del sexo’; es decir, si prohibimos la prostitución callejera. Otra vez quieren mandar a un cajón los proyectos que hace más de cinco años estamos
trabajando".
Por su parte, los diputados Vilma Ripoll, Beatriz Baltroc, Mónica Bianchi, Tomás Devoto y Rubén Devoto defenderán su proyecto de reformas al Código y se opondrán al despacho consensuado por mayoría.
Ripoll señaló que "los bloques mayoritarios utilizan el reclamo de más seguridad para perseguir las luchas sociales y darle más poderes a esta policía de gatillo fácil"; mientras que Baltroc agregó: "Nos oponemos a mezclar lo contravencional con lo penal y, muy especialmente, a bajar la edad de imputabilidad de los menores".
El proyecto presentado por los cinco diputados despenaliza los reclamos sociales, elimina como contravención la oferta o demanda de sexo y endurece las sanciones a las faltas de tránsito reiteradas, incluyendo el retiro del registro de conducir.
El vicepresidente segundo de la Legislatura porteña, el kirchnerista Miguel Talento, manifestó estar en contra de la imputabilidad a los menores de edad, tal como se expresa en su proyecto de Ley de Reforma del Código Contravencional que se votaría este martes.
Talento, desde Frente para la Victoria, continúa en la búsqueda de consensos para poder aprobar las reformas. Sin embargo, faltan acordar varios puntos. Otro de los ejes polémicos es la figura del reincidente. "Nosotros planteamos implementar la figura del reincidente a aquél que cometa una nueva contravención que lesione el mismo bien jurídico dentro de los dos años de dictada aquélla, y las nuevas penas que se impongan se irán incrementando en su máximo un tercio", explicó Talento.
Mientras que la diputada Sandra Dosch (Frente Grande), mostró preocupación por algunos de los puntos clave del Código Contravencional porteño. "La legislación Contravencional, debe respetar los principios exigidos por la Constitución de la Nación y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la materia penal", reclamó.
"Ello implica un cuidado especial al momento de legislar en materia de contravenciones, impidiendo que se lesionen gravemente los derechos de los eventuales justiciables, teniendo siempre presente que las contravenciones son distintas de los delitos", concluyó Dosch en igual sentido que un dictamen presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
