"La plena autonomía de la Ciudad no se logrará hasta que no tengamos policía propia", disparó el legislador porteño Raúl Puy, presidente del Partido Socialista de Capital Federal, quien hace pocos días presentó un proyecto de ley en la Legislatura local para promover la creación de una fuerza de seguridad porteña: la "Policía de la Ciudad".
La iniciativa del diputado contempla también la elección directa de los comisarios de la Ciudad, a través del método del sufragio universal y obligatorio. Y propone además que el jefe de policía de la "futura institución" -si es que prospera el proyecto- sea nominado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, quien sería, en definitiva, la autoridad máxima de la fuerza de seguridad.
El diputado socialista, que actualmente es candidato a diputado nacional por la coalición "Fuerza Porteña", manifestó que al elaborar su propuesta se tuvo en cuenta "la vital importancia que adquiere para los vecinos acercarse y participar en el desarrollo de políticas de prevención del delito y de seguridad de personas y bienes. El voto directo no sólo permite una aproximación entre la policía y la sociedad, sino que refuerza también el espíritu democrático de la institución".
Por último, Puy afirmó que "estamos ante la oportunidad histórica de generar el debate necesario que apunte a promover los cambios inmediatos que se requieren para mejorar el sistema de seguridad".
Pero la iniciativa del socialista no es el primer intento que se hace en materia de pretender suministrarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su propia fuerza de seguridad, como ocurre con cada provincia argentina. Tampoco es la primera propuesta legislativa que se presenta en el Parlamento porteño.
A mediados del año pasado, en el 2002, la diputada porteña Alicia Pierini (PJ) presentó un proyecto de ley que proponía la creación de una Guardia Urbana de la Ciudad, es decir, un cuerpo auxiliar de la Justicia Contravencional y de Faltas que se ocupara de la prevención de delitos tanto en los espacios públicos como en los privados de acceso público, en todo el ámbito de la Ciudad.
Al igual que ocurre con la iniciativa de Puy, el proyecto de Pierini también le asignó a la ideada Guardia Urbana dependencia del Poder Ejecutivo e la Ciuad. Entre las funciones que la Guardia debería cumplir, figuran las de realizar tareas de vigilancia en el espacio público, verificar la vigencia de las normas contravencionales y de faltas, y advertir a la Policía Federal ante la posibilidad de que se genere algún hecho delictivo de orden público, "pudiendo tomar intervención directa sólo en casos de flagrante delito y hasta tanto llegue la fuerza policial más próxima", resalta el texto del proyecto.
Cooperar con las fuerzas policiales en el ordenamiento vehicular y en todo aquello que fuere compatible con su funciones principales, y orientar a los transeúntes porteños acerca de las dependencias públicas o privadas de interés público existentes en su zona, también serían tareas asignadas a la Guardia Urbana de Pierini.
La autora de la iniciativa señaló que su proyecto, que actualmente se encuentra varado "en estudio" en una de las comisiones de la Legislatura, "tiene como finalidad no quedarnos anclados en la cuestión de la ‘transferencia de la policía’ y, en cambio, avanzar organizadamente en el ejercicio de todas las atribuciones que ninguna ley nos veda". La diputada justicialista añadió que "el incremento en la recaudación que significará la puesta en marcha del sistema que se proyecta lo convertirá en autosustentable casi de inmediato".
"También tiene como finalidad inaugurar un sistema de vigilancia para la prevención del delito en directa comunicación con las fuerzas policiales, sin más ni menos facultades que las de las agencias de seguridad privada. Incluso este proyecto incorpora más requisitos para ser guardia urbano al exigir los estudios secundarios, una capacitación especial y la declaración de bienes", finalizó Pierini.
Pero para que la Ciudad pueda tener un cuerpo policial propio, primero es necesario que el Congreso de la Nación derogue el artículo de la "Ley Cafiero" que lo impide.
