"Ordenar al Gobierno de la Ciudad, se abstenga de cualquier acción de desalojo o expulsión", es el cuarto punto del fallo dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Andrés Gallardo, quien se inmiscuyó en la polémica por las viviendas en altura de la villa de Retiro.
A su vez el fallo, que se extiende por más de 40 hojas en las que se cita derechos internacionales y jurisprudencia, dispone "la cobertura judicial de los habitantes del las Villas 31 y 31 bis para dar seguridad en la tenencia de la vivienda adecuada para los habitantes de la Villa 31 y 31 bis, asegurando la infraestructura urbana (luz, gas, agua potable y cloacas)".
Por otro lado la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia de Negre (quien intervino por la medida cautelar originada por la gestión Macri) avaló en la mañana de este jueves la medida de su colega en la Ciudad. Por lo que no se puede demoler, ni desalojar a las familias de la villa pegada a la Terminal de ómnibus de Retiro.
La justicia capitalina interviene porque existe una medida cautelar para que se realicen elecciones democrática y transparentes para autoridades vecinales en la villa 31.
"Que se declare la inconstitucionalidad por omisión en que habría incurrido el Gobierno de la Ciudad en virtud de la ausencia de realización de los comicios regulares en cada Villa o NHT (Núcleo Habitacional Transitoria como se conoce en la burocracia estatal)", inició el amparo del diputado porteño que preside la Comisión de Vivienda, Facundo Martín Di Filippo.
Teniendo en cuenta la medida judicial en la barriada es que llega al lugar el protector judicial de los derechos de los niños, que es el asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno.
Moreno denuncia ante el juez Gallardo la situación acaecida en la villa 31 y 31 bis, "que alterarían y comprometerían" la medida cautelar iniciada por Di Filippo ya que se podría producir un eventual desalojo de familias con niños.
"Los habitantes de estos barrios, mayormente niños, son víctimas permanentes de la violencia institucional ya que el acceso a los derechos humanos básicos como son la salud, la educación, la vivienda, entre otros, les es seriamente impedido, y que es el riesgo real que día a día sufren frente a la desidia estatal. Asimismo, la inexistencia de trabajos de infraestructura por parte del Estado da como resultado la carencia de hábitat sano para sus habitantes", señaló el asesor Tutelar que solicita que el macrismo "se abstenga de cualquier acción de desalojo, expulsión, desocupación, reubicación, sea cual fuere su modalidad operativa, sin asegurar de manera previa y control judicial, medidas positivas previas tendientes a asegurar el derecho a la vivienda adecuada".
