Serían eliminadas en poco tiempo las telarañas de cables que atraviesan la Avenida 9 de Julio, de convertirse en realidad el compromiso que asumió este jueves el secretario de Obras y Servicios Públicos porteño, Abel Fatala, en el programa "Esto que pasa", que se emite por Radio Nacional. Mediante un anunció publicado en los principales matutinos, la Dirección General de Obras Públicas intimó a las empresas a que sean ellas las que retiren el cableado, pero de no prosperar esta iniciativa el gobierno enviará operarios a las azoteas de los edificios para cortar los tendidos aéreos.
Paradójicamente, para entrar a las azoteas el gobierno necesita la autorización de los consorcios que, de alguna forma, están colaborando para que se violen las normas porteñas. De no obtener este permiso, el trámite se retrasará notablemente debido a que Obras Públicas tendrá que recurrir a la Justicia.
Al ser consultado acerca de si el operativo implicará solamente la limpieza de la 9 de Julio desde las avenidas San Juan a Libertador, Fatala respondió: "Lo que pasa es que la 9 de Julio es un poco la nave insignia. Pero igualmente nosotros tenemos pensado que si el programa de retiro de cables lo podemos hacer correctamente, empezaríamos a trabajar en los otros sectores de la ciudad".
ELUDEN IMPUESTOS
Las tasas impositivas que gravan la utilización del espacio público aéreo o subterráneo son los tributos más eludidos por las empresas de servicios públicos que realizan trabajos en la vía pública. El monto que le adeudan al Estado porteño supera ampliamente los 40 millones de pesos.
Las empresas morosas se dividen en cuatro grupos: las que cuestionan la potestad de la Ciudad parar cobrar esta tasa, las que eluden el pago depositando cifras menores que las que corresponden, las que reclaman que la Justicia interprete la forma en que se debe cobrar este impuesto -y el monto que les corresponde abonar- y las que nunca se acercaron a Rentas para interiorizarse sobre la deuda que mantienen con la Ciudad.
