La controversia que este miércoles envolvió al secretario de Política Judicial de la Nación, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, se resolvió con una aclaración publicada por el diario La Nación, el mismo que había iniciado la polémica.
El centenario matutino refirió este jueves que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quedó conforme con las explicaciones que el ex legislador porteño le dio acerca de un ex cliente suyo, que había sido vinculado con el centro clandestino de detención "El Vesubio".
El miércoles, en el artículo "Objetan la designación del segundo de Beliz", La Nación había sostenido que Carlotto, tras la reunión con el vocal del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente en uso de licencia, había expresado "Fleitas miente". Pero, este jueves, señaló que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo: "A este funcionario no lo cuestiono".
En la reunión de la discordia, de la que, además de Carlotto y Fleitas Ortiz de Rozas, participaron el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo Beliz, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el ex legislador expresó que desconocía que Carlos Mancuso estuviera vinculado con el expediente judicial "Díaz Guerra", que investiga la apropiación ilegal de niños durante la dictadura. Además, afirmó que hace tiempo que no era su defensor.
Sin embargo, según expresa el portal www.urgente24.info, en un artículo de Clarín del 28 de marzo se informó que Fleitas Ortiz de Rozas hasta ese entonces seguía siendo el abogado de Mancuso.
En tanto, en un comunicado de prensa enviado antes de la aclaración de La Nación, el legislador porteño Jorge Enríquez (UCR) expresó: "Jamás milité en las mismas filas políticas que Fleitas, pero no tengo dudas acerca de su hombría de bien y de su compromiso con los derechos humanos. Es precisamente en virtud de la vigencia irrestricta y no sesgada de los derechos humanos que resulta grosera la pretensión de que quien cumplió una determinada labor profesional, como auxiliar de la Justicia, pueda ser estigmatizado por actos cometidos por su cliente. Curiosamente, nadie impugna a otros funcionarios por haber sido abogados de terroristas incalificables, pero si alguien lo hiciera, yo saldría con la misma energía a combatir esa absurda discriminación".
"Quiero creer que estos episodios merecerán una enérgica intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en salvaguarda de una profesión que es uno de los pilares del estado de derecho", concluyó el ex vicepresidente primero de la Legislatura.
