La Justicia dispuso un careo entre la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad Atilio Alimena. El juez Julio Lucini, que entiende en la causa de Cromañón, tomó esa decisión este miércoles al mediodía, luego de evaluar la declaración de la ex funcionaria, quien el martes compareció frente a él y al fiscal Juan Manuel Sansone durante más de diez horas. La medida se haría efectiva la última semana de abril.
El careo había sido solicitado por Fiszbin en su declaración, en la que acusó a Alimena de "mentiroso" y de "ocultar información". Alimena, a su vez, había denunciado que la ex funcionaria le habría reconocido que algunos locales no habían sido clausurados durante su gestión por "falta de voluntad política".
La ex funcionaria, a la que se le imputa el delito de "homicido culposo" concurrió a declarar acompañada por sus abogados Jorge Anzorregui (h) y Marcelo Fainberg poco antes de las 10 y se retiró pasadas las 21. A las 14, hubo un cuarto intermedio de una hora para almorzar.
Durante su descargo, Fiszbin negó responsabilidades por el incendio que costó 193 vidas y se las atribuyó a la Policía Federal. Declaró que los dos agentes apostados en la puerta del local "tenían la obligación de controlar el exceso de asistentes, la no utilización de pirotecnia durante el espectáculo y el buen funcionamiento de las puertas de emergencia, por tratarse de contravenciones penales, y no lo hicieron, ni le dieron participación a los fiscales, ni tampoco al Gobierno porteño". También expresó que el personal de la misma seccional conocía los incendios producidos en Cromañón pocos días antes de la tragedia durante otro recital, pero que tampoco dio aviso al Gobierno ni a Bomberos.
Fiszbin dedicó gran parte de su declaración en desmentir a Alimena. Señaló que el defensor adjunto había recibido en febrero, de parte de Bomberos, la información con los listados de todos los locales bailables, con la discriminación de cuáles tenían el certificado de Bomberos vencido, pero que había retenido dicha información durante tres meses.
"El 5 de mayo me envió una nota, sin acompañarme los listados, y sin avisarme siquiera que los tenía. Por eso debimos intimar a todos los locales del padrón de habilitados", afirmó Fiszbin en un documento que allegados a la ex funcionaria acercaron a NOTICIAS URBANAS mientras ésta realizaba su declaración, y sobre el que se basó la misma.
También tildó a Alimena de "mentiroso" y negó que éste hubiera exigido clausuras y que sólo hubiera obtenido como respuesta que eso exigía una supuesta "voluntad política" que no existía. "Hay que leer la nota que me envió Alimena, solicita intimaciones. La palabra clausura no figura en toda su nota. Es simplemente un mentiroso que intenta ventajas políticas con una tragedia", sostuvo la ex funcionaria.
Además, Fiszbin acusó al defensor adjunto de hacer desaparecer un informe de Bomberos en los que éstos alertaban, en el mes de diciembre, sobre los locales bailables con certificado de bomberos vencido, entre los que se encontraba Cromañón. "Alimena recibía de Bomberos, todos los meses, el día 15, el informe de locales con certificado vencido. Lo cierto es que después de recibirlo regularmente durante muchos meses, misteriosamente falta el del mes de diciembre que lo alertaba sobre el certificado vencido de Cromañón", expresó.
Agregó que los informes de la Dirección General de Inspecciones indicaban que se habían realizado en los últimos meses cerca de cien clausuras a locales de baile, además de todas las intimaciones pedidas por Alimena, y de todas las demás inspecciones a los distintos comercios de la Ciudad, que totalizaban más de 250.000.
Fiszbin, además, negó ser "maestra jardinera". "Soy docente de grado, y además tengo título universitario obtenido luego de 5 años de estudio en la UBA. Soy licenciada en psicología", aclaró. Como antecedentes para el cargo que desempeñó, la ex subsecretaria de Control Comunal manifestó que estuvo tres años a cargo de la Dirección General del Trabajo en el GCBA, en la cual tuvo a su cargo la creación completa de la policía del trabajo, que era una competencia antes ejercida por la Nación.
