El diputado porteño Gerardo Conte Grand (Justicia Social) acusó que, a partir de que tuvo lugar en nuestro país la desregulación de las comunicaciones, las empresas prestadoras de telefonía móvil están instalando antenas y equipamiento en diversos lugares de la Ciudad, que "pueden afectar seriamente derechos de terceros, la salud pública, la visibilidad ambiental, el medio ambiente, el paisaje, y otros derechos de los vecinos".
A efectos de regular tal situación, el diputado le pidió al Poder Ejecutivo de la Ciudad que instrumente las medidas necesarias para que proceda a verificar el estado de las antenas de telefonía móvil, el tendido de los cables, la instalación de cabinas o racks, y demás equipamiento relacionado con la materia existente en Buenos Aires, y procediendo a la clausura y desarme de los que impliquen riesgos para la seguridad pública.
Conte Grand interrogó al Ejecutivo sobre cuales son las dependencias que autorizan a la instalación de las antenas, en cualquier espacio, público o privado de la Ciudad. El diputado quiere saber si existe una normativa que regule dichas instalaciones, y en caso de no haberlas, si el Poder Ejecutivo está actualmente trabajando en la elaboración de una.
La Secretaría de Comunicaciones de la Nación es el ente que regula lo concerniente a las telecomunicaciones, y según Conte Grand "en ella se cuenta con información suficiente para determinar que las antenas por las que circulan grandes volúmenes de ondas, producen alteraciones nerviosas y otras consecuencias negativas para la salud, debido a la generación de campos magnéticos".
A su vez, parte de las dudas de Conte Grand, fueron despejadas por su colega, el diputado Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano), quien propuso reformar parte del texto del proyecto inicial, ya aprobado y revisado por las Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura. Busacca declaró que el inciso b del proyecto de Conte Grand – donde éste interroga acerca de si existe normativa vigente en la materia – "carece de sentido", y posteriormente, se encargó de despejar la duda: "cabe mencionar que sobre la materia existe numerosa legislación, y los ejemplos sobran en demasía", poniendo como tales la ley 19.798 sobre telecomunicaciones, el decreto presidencial por el cual se crea la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y la Ordenanza 4.3677 sobre licencias e instalaciones de antenas y telefonía móvil.
De esta manera, pidió que el Ejecutivo informe sobre si existen estudios técnicos y científicos sobre las consecuencias que pueden llegar a producir las instalaciones de telefonía móvil sobre los derechos de los habitantes de la Ciudad.
