El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 convocó una audiencia para este lunes a las 13, debido a la denuncia que la presidenta de Unión por Todos, Patricia Bullrich, presentó contra el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y su administración, por violar la Ley de Contrato de Trabajo por autorizar el registro de menores de 18 años como cartoneros.
Además de Bullrich y el Gabinete de Alternativas de Unión por Todos (como parte querellante), fueron convocados: el director Legal y Técnico del Consejo de los Derechos de Niños/as y Adolescentes del Gobierno, Gustavo Gallo; la presidenta de tal Consejo, María Elena Naddeo; la Coordinadora del Programa de Recicladores Urbanos, Sandra Carlino; y al subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini.
La ex candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad sostiene que Ibarra violó la Ley 20.744 al registrar a menores de 18 años como trabajadores de una actividad insalubre. La ley en cuestión prohíbe expresamente que los menores se empleen en este tipo de tareas . Pese a esto, los equipos de investigación de Unión por Todos, encabezados por el asesor legal Alberto Calandrino, la dirigente Marcela Paiosa y el legislador (MC) Fernando Caeiro, habrían comprobado que el Gobierno de Ibarra entrega credenciales oficiales a menores que se dedican a la recolección de cartones y basura, con todos lo peligros para la salud que este trabajo les puede ocasionar.
"La Señora Bullrich hace política con los chicos y eso me da asco", señaló Vensentini a NOTICIAS URBANAS, quien no se presentó en la audiencia porque el Gobierno porteño ya realizó su descargo en forma escrita mediante la Procuración General de la Ciudad.
En el descargo, Rodolfo Merlino, abogado de la Procuración General, sostiene que "los actores manifiestan que a violación a la normativa citada es grosera, notoria, evidente, ostensible y que por ello no requiere mayores comprobaciones, razón por la cual no fundamentan estos extremos ni siquiera mínimamente" y descarta "la aplicación de las dos leyes mencionadas por los accionantes, porque la Ciudad no violenta el orden constitucional sino que, por el contrario, implementa un programa que tiende a la inclusión social de los recuperadores urbanos mayores de edad y, en lo que nos interesa, de los jóvenes entre 15 y 18 años".
Merlino aseguró que "es necesario resaltar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio de recolección de residuos domiciliarios ha sido concesionada y se encuentra a cargo de empresas especializadas en el servicio de higiene urbana. También es obvio, pero no podemos dejar de decirlo, que los llamados cartoneros o recuperadores urbanos en lo términos de la Ley 992, no son empleados del Gobierno de la Ciudad, ni trabajan para las empresas recién mencionadas. Creemos necesaria hacer esta aclaración, puesto que parece no tenerlo tan en claro la amparista: la Ciudad no emplea a los recuperadores urbanos".
