Siguen las declaraciones por Cromañón

Siguen las declaraciones por Cromañón

Este viernes los integrantes de la Comisión Investigadora del caso Cromañón escucharon los testimonios de vecinos de un boliche denunciado por irregularidades y también, se expresaron dos especialistas en situaciones de catástrofe que opinaron sobre lo sucedido en el local de Once


Los legisladores que integran la Comisión Investigadora del caso Cromañón le tomaron declaración este viernes 27, a dos fiscales, a dos especialistas en catástrofes y a vecinos del boliche Amérika. La reunión que se realizó en el Salón Juan Perón de la Legislatura comenzó cerca del mediodía y finalizó minutos después de las 17.

Un grupo de vecinos y abogados que los representan, en una causa judicial contra el Gobierno de la Ciudad y contra el boliche Amérika, donde denunciaron inseguridades similares a las de Cromañón, sostuvieron que el Gobierno porteño "actuó en términos maliciosos en connivencia con los dueños del boliche que denuncian".

La reunión fue presidida por la titular de la comisión, Fernanda Ferrero, su vive, Milcíades Peña y los diputados Álvaro González, Fernando Cantero, María Eugenia Estenssoro, Gabriela Michetti, Martín Borrelli y Diego Santilli.

El abogado de los vecinos de Amérika, ubicado en Gascón 1032, Alberto Spota, basó sus críticas a la administración porteña en los elementos que existen en la causa judicial que iniciaron los habitantes de la zona. Las denuncias que se formularon fueron por: habilitación ilegal, por la cantidad de gente que puede ingresar al local, por las salidas de emergencia y por ruidos molestos, entre otras irregularidades.

El letrado destacó ante los diputados: "El Gobierno fue multado en varias ocasiones y el ex funcionario de la Subsecretaría de Control Comunal, Marcelo Antuña también recibió una sanción por incumplir con la orden judicial de controlar el boliche. Además, fue sancionado el responsable del local y las multas nunca fueron abonadas. Con el paso del tiempo y con los intereses acumulados, ya llegaron a los 3 millones de pesos".

Por otra parte, y sumándose a los dichos del abogado, Gabriela Inchaurraga, una de las vecinas del lugar, aseguró: "El boliche comenzó a funcionar sin habilitación, luego, cuando se la otorgaron, correspondía para una capacidad de 850 personas, pero nosotros observábamos que ingresaban más de 3.000 y el metraje habilitado tampoco coincidía con el real. Además, la Defensoría del Pueblo realizó un informe en el que advertía el riesgo de vida de los adolescentes ante la pasividad de los funcionarios".

Otro de los vecinos, Marcos Ibine, sostuvo que tras reclamos a la policía y a funcionarios, "el Gobierno no le dio una solución al tema". Luego relató lo siguiente: "Un inspector de apellido Chaparro vino a medir el nivel de ruido en nuestros domicilios y en el momento en el que el aparato de medición superaba el límite permitido se negó a seguir midiendo; o venía cuando ya había terminado la matiné y todavía no habían entrado los adultos. En otra oportunidad vino a medir el ruido de los tremendos aparatos de aire acondicionado que tenía el boliche, pero antes pasó a avisar para que los apagaran y cuando le pedí que les dijera que los prendan contestó que los dueños no lo querían hacer para que no se refríen los adolescentes".

Con respecto a ese inspector, el vecino Diego Martínez, informó que estaba presente durante una reunión que mantuvieron el 4 de noviembre del 2004 con la ex subsecretaria de Control Comunal de la Ciudad, Fabiana Fiszbin. Los vecinos manifestaron que mantuvieron esa reunión para detallarle a la ex funcionaria los peligros que se corrían en Amérika.

Después de estos testimonios se retomo el tema Cromañón con las declaraciones de los fiscales de la Fiscalía Número 3, Marcela Solano y Adrián Martín, quienes señalaron que durante su intervención en la zona de Once donde se encontraba Cromañón, la misma tenía todas las características de una "zona liberada" por parte de las autoridades de la comisaría 7º.

Finalmente le tocó el turno a dos especialistas en situaciones de catástrofes, a quienes se les pidió que dieran detalles de los casos en los que trabajaron, como por ejemplo en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Para los especialistas entre los que se encontraba el perito de Gendarmería, Oscar Laborde, ambos hechos demostraron una gran desorganización que evidencian una situación estructural de la que son responsables los tres poderes del Estado.

Los expertos, dieron una serie de ejemplos de cómo, en otras partes del mundo se actuó frente a catástrofes naturales o generadas por la acción humana, y señalaron algunas cuestiones fundamentales que deben hacerse como respuesta ante estos sucesos.

Al ser consultados por el tema Cromañón, los especialistas señalaron que como en la Ciudad no existe una fuerza policial propia, tampoco hay una estrategia clara y unificada para adoptar un trabajo adecuado. Para Laborde al no aprender de los errores cometidos en los atentados terroristas, en Cromañón se vivió más de lo mismo.

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