A través de una presentación judicial, el asesor tutelar de menores de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno, denunció al Gobierno porteño de incumplir la disposición del juez Augusto Kersman por la cual el Ejecutivo debía retirarles las credenciales a los menores de 15 años que trabajen en la recolección de residuos y, a cambio, otorgarles una beca escolar y un subsidio.
A raíz de un amparo presentado por Patricia Bullrich, donde solicitaba que se cumpliera con la Convención de los Derechos del Niño y así se impidiera a los menores de 15 años trabajar de noche recolectando basura, el juez Augusto Kersman dispuso, el 9 de junio pasado, distintas medidas para que el Gobierno de la Ciudad regularice la situación de estos adolescentes, inscriptos en el Programa de Recuperadores Urbanos.
En primer lugar, ordenó retirar las credenciales a los menores de 15 años y darlos de baja del Registro de Recuperadores. Paralelamente, dictaminó que estos chicos debían recibir "una beca escolar para que continúen los estudios, en caso de haberlos abandonado" y al mismo tiempo, "un subsidio que reemplace los ingresos que obtenían como consecuencia de la actividad que desarrollaban".
El Gobierno porteño debía cumplir estos recaudos en el plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, Moreno aseguró en declaraciones a Infocívica que "hasta el comienzo de la feria judicial el pasado 19 de julio, no había acreditado satisfactoriamente haberlo hecho". A raíz de esto, Moreno -quien ya había intervenido en el expediente pidiendo la caducidad de las credenciales de los menores y proponiendo un plan para chicos de 15 a 17 años- presentó el 12 de julio una denuncia poniendo en evidencia los incumplimientos de los funcionarios porteños.
Si bien el asesor tutelar de menores constató que se dio de baja a las credenciales de 37 personas (27 varones y 10 mujeres), no se cumplió en informar la edad de los menores, como lo ordenaba la sentencia. Tampoco se notificó personalmente de esta decisión a los afectados.
Pero la mayor falta del Gobierno porteño fue omitir la acreditación de la entrega de las becas escolares y los subsidios. "El Gobierno de la Ciudad debió haber informado al Juzgado si las 37 personas, a las cuales se les dio de baja la credencial, viven en la Ciudad de Buenos Aires, si la Secretaría de Educación les ha ofrecido su ingreso al sistema escolar y si ellos y/o sus padres han sido citados para percibir el subsidio ordenado, indicando en qué programa social podrían ser incluidos", consideró Moreno en su presentación.
Asimismo, Moreno advirtió que el Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes no realizó el informe mensual en relación a cada adolescente, obligación que le impuso la Justicia conjuntamente con el control y monitoreo de la situación de los recuperadores urbanos.
