La denuncia ya provocó reacciones por parte de los involucrados. Sin embargo, el denunciante sigue adelante. El abogado Juan Carlos Iglesias se presentó ante la justicia para denunciar penalmente al ministro de Justicia, Gustavo Beliz; al secretario de Seguridad Norberto Quantín, y al subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, por supuestas presiones ejercidas contra los magistrados que intervinieron en la causa que se inició por la toma de la comisaría 24 de La Boca, el día en que fue asesinado el piquetero Martín Cisneros.
"Presenté la denuncia para que de una vez por todas se termine con el doble discurso. Los funcionarios nacionales por un lado hablan del respeto a la justicia y por el otro la manipulan. El día de la toma de la comisaría había dos jueces de turno, uno era federal y el otro ordinario. El federal era Norberto Oyarbide y la jueza ordinaria era María Angélica Crotto. Cuando consultan a Crotto desde el Gobierno, la magistrada ordena detener a los ocupantes de la comisaría y mandarlos a tribunales, para indagarlos. O sea que había una disposición absoluta a favor de terminar con este tema. Eso no les gustó a las personas que estaban a cargo del caso, entre ellos el subsecretario Campagnoli, quien por supuesto está sujeto a lo que resuelva Quantín y Beliz. Luego lo consultaron a Oyarbide y el magistrado dispuso algunas medidas. Pero Oyarbide ignoró por espacio de diez horas que los funcionarios habían consultado a Crotto. Básicamente se le ocultó esa información. Una vez que se enteró llamó a Crotto pero la magistrada le dijo que siguiera manejando la causa. Algo que no debería haber hecho. Encima después Béliz manifiesta que el Gobierno buscó a un juez más flexible para desocupar la comisaría. O sea que van a comando a los jueces según las conveniencias del Gobierno nacional y eso es muy grave", manifestó Iglesias en declaraciones radiales.
Sin embargo, las acusaciones del letrado no se detuvieron. "Queda claro que la pretendida transparencia que el Gobierno pretende alcanzar no existe. Y lo peor del tema es que ahora que Oyarbide se declara incompetente para seguir con la causa en vez de mandársela a Crotto; la misma, es enviada por sorteo a otro juzgado, un sorteo que nadie sabe cómo se manejo", agregó el denunciante.
Para Iglesias está claro que los responsables de este manejo irregular de la justicia son las autoridades del ministerio de Justicia y de la Secretaría de Seguridad de la Nación.
A pesar de las acusaciones, el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, desmintió que el Gobierno nacional haya actuado como lo denuncia el abogado Iglesias.
