En la sesión de este jueves, los diputados porteños aprobaron -en general y en particular- la ley por la que se creó la Caja de Seguridad Social (CASSABA) del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Votaron favorablemente la ley los bloques justicialista, radical y el oficialista de Fuerza Porteña.
El resultado de la votación de este proyecto -que generó resistencia en algunos sectores- fue de 44 votos a favor y sólo siete en contra. La mayoría de los legisladores, tanto los que votaron favorablemente el proyecto como los que se opusieron a él, coincidieron en destacar el trabajo del diputado Enrique Rodríguez, que preside la Comisión de Legislación General.
La ley comprenderá a aquellos inscriptos en el Colegio Público de Abogados y a los procuradores que se encuentran legalmente habilitados para ejercer como tales y matriculados para actuar ante los tribunales con sede en la Ciudad. Están exceptuados quienes se encuentren obligatoriamente afiliados a otra Caja Profesional para Abogados.
La Caja otorgará las siguientes prestaciones: jubilación ordinaria; jubilación ordinaria por discapacidad; jubilación proporcional; jubilación por invalidez; jubilación por invalidez para discapacitados; y pensión. Asimismo, la Asamblea -autoridad máxima de la Caja- podría establecer y reglamentar los subsidios por maternidad, nacimiento, adopción, por hijo discapacitado, enfermedad, fallecimiento, y los préstamos hipotecarios y personales.
La iniciativa sufrió varias modificaciones, principalmente sugeridas por los diputados Santiago de Estrada, María Cristina Nieto Suanno y Elena Mitjans.
El principal cambio estuvo dado por la disminución del monto de los aportes obligatorios. Quedó establecido que el sistema se financiará con un aporte del 5 por ciento de todo honorario de origen profesional que perciban los afiliados; una contribución a cargo del obligado al pago de los honorarios regulados judicialmente, equivalente al 0.5 por ciento de los mismos, en juicios voluntarios y del 1 por ciento en juicios contradictorios y una contribución, a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia en las actuaciones judiciales, equivalente al 3 por ciento de su monto.
Además se recaudará el Derecho Fijo establecido en el artículo 72 y los que se establecieren en el futuro; el aporte de los beneficiarios que se encuentren percibiendo una jubilación por invalidez y optaren por seguir cotizando; los intereses, réditos y ganancias originados en el uso productivo de sus bienes; las donaciones, legados y subsidios que pudiera percibir de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las sumas de dinero que deberá ingresar el afiliado para completar el aporte mínimo anual obligatorio; o para completar el aporte mínimo correspondiente a una categoría superior.
Algunos de los diputados que se opusieron al proyecto fueron los macristas Oscar Moscariello y Jorge Enríquez, el bullrichista Enrique Caeiro, el ucedeísta Julio Crespo Campos y el piquetero socialista Abel Latendorf.
